La Comunidad de Madrid gana el pulso al alcalde socialista de Fuenlabrada, Francisco Ayala, en su afán por impedir que La Cantueña, un edificio municipal cedido a la Comunidad de Madrid, se remodele para que se convierta en un centro de primera acogida de menores inmigrantes.
El regidor había pedido la paralización inmediata de las obras que el Gobierno de Díaz Ayuso había iniciado al estar en desacuerdo con el uso que se le pretendía dar, lo que llevó a la Administración autonómica a acudir a los tribunales, que ahora le da la razón.
Así, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 ha acordado la medida cautelarísima solicitada por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para suspender la ejecución del decreto del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que quería frenar las obras para crear 100 nuevas plazas para reducir la tensión de la red de centros de menores regional generada por la derivación de menores no acompañados que llegan a Canarias a distintas comunidades autónomas.
El Tribuna, al resolver sobre una cautelarísima, no entra en el fondo de la cuestión, aunque puntualiza que «no se aprecia que la ejecución de las obras esté desprovista de todo título habilitante urbanístico», de la misma manera que «tampoco se advierte un grave perjuicio del interés general por el hecho de permitir que continúen ejecutándose durante un plazo de tres días que se concederá para la formulación de alegaciones por el Consistorio». El juez considera que, si ahora se paralizan las obras, el perjuicio sería mayor si después tiene que ser removido el precinto por cuestiones de personal, maquinaria y materiales de obra, según se detalla en el auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN.
Ahora, el Ayuntamiento tiene un plazo de cinco días para formular alegaciones, tras lo cual se resolverá de manera definitiva sobre la medida cautelar.
El alcalde de Fuenlabrada cree que es un «atropello» que se haga el centro de menores porque se cedió hace 20 años para un centro de difusión medioambiental. Al utilizarse ahora para otros fines, considera que se incumple el convenio y ahora quiere recuperar las instalaciones. El Gobierno autonómico pretende invertir 6,9 millones para el acondicionamiento por trámite de emergencia del centro de menores.
