El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias ha confirmado este lunes que mantiene suspensión del protocolo para la recepción de menores extranjeros inmigrantes no acompañados que impulsó el Gobierno de Fernando Clavijo.
El pasado 20 de septiembre, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo accedió a la suspensión cuatelarísima que pedía la Fiscalía Superior al entender que resulta “difícil negar” que los nuevos requisitos que impone este protocolo territorial para asumir la acogida “puede comprometer sin demasiada dificultad la entrega inmediata y recepción” de los menores inmigrantes no acompañados por parte de las autoridades insulares “que tienen confiado su cuidado” y, con ello, podría existir una vulneración de los derechos fundamentales de los menores extranjeros.
Ahora, reitera el decaimiento de su aplicación tras haber observar que ninguna de las razones aducidas por la administración canaria en defensa de su protocolo permite considerar que la medida no pone en riesgo los menores como colectivo vulnerable que son.
El Gobierno de Canarias centró sus alegaciones en que “no hay riesgo ni peligro para el menor” con las condiciones que para su acogida impone esta medida porque “nada se ha innovado” al ser, insistió, una reproducción de otro protocolo nacional aprobado en 2014.
El TSJ de Canarias considera que esto no es así y que el Ejecutivo de Clavijo omite en sus alegaciones “lo que añade” su protocolo nuevo y distinto al contenido al del Estado de 2014.
Concretamente, señala el tribunal, que sea necesaria “la comunicación previa a efectos de disponibilidad de plazas de acogida y el señalamiento del lugar de entrega y recepción de los menores no acompañados, una vez confirmada la plaza”.
Esta “pretensión de que necesariamente venga a ser observadas antes de la entrega del menor para su cuidado y atención” una serie de requisitos genera a la Justicia de Canarias “fundada y razonable sospecha” de que ralentiza el momento de entrega y recepción de los menores que llegan por mar.
Lo que, a la postre opina el TSJ canario, “repercute negativamente en sus derechos” y hace necesario mantener el “statu quo” que hasta la aprobación del nuevo protocolo existía para la acogida de menores en interés del bien superior que es la protección de los menores inmigrantes no acompañados.
Admite se ha “desbordado” su capacidad de acogida
Sin embargo, la Sala admite, como defendía el Gobierno insular, el singular impacto que está teniendo la inmigración irregular en Canarias hasta el punto de que “ha sido desbordada notoriamente la capacidad de acogida en el caso de los menores no acompañados” y las cifras de este colectivo de inmigrantes que llegan “no hacen sino aumentar”, siendo ya casi 6.000 los que han arribado a las costa canarias solo este mes de septiembre.
“No le falta razón al Gobierno de Canarias”, reconoce, por otro lado, el TSJ de las islas, “cuando invoca el grado de saturación de los recursos de que dispone” y cuando pone en entredicho “la forma en que se procede a la entrega de los menores”.
Tiene en cuenta, además, este Tribunal Superior que “no son suficientes los esfuerzos realizados” y se requiere una trabajo de colaboración “mucho más intensa y completa” para abordar la crisis migratoria, más allá del encuentro en el seno de una conferencia sectorial” entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el autonómico de Clavijo.
