La Guardia Civil ha registrado la vivienda y la sede de Innova Next, una de las sociedades de Juan Carlos Barrabés, empresario investigado en la causa que el juzgado de Instrucción número 41 de Madrid sigue contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Las diligencias, que son parte de una pieza secreta que se mantiene bajo secreto sumarial, afecta al que también fuera profesor del máster que dirigía Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, y quien, según varias de las acusaciones, se habría beneficiado de sus gestiones para la adjudicación de contratos públicos. Ha llegado esta actuación de los agentes de la UCO después de que el juez Peinado ordenara trasladar a las partes una copia de la testifical de Pedro Sánchez en La Moncloa en la que se acogió a su derecho a no declarar contra el criterio de la Fiscalía que pretendía conculcar el de los personados a tener acceso a lo que no está declarado secreto. El instructor ha citado para el 26 de agosto como testigos a los directivos de las empresas que colaboraron con la cátedra de la esposa del presidente. Quiere todo esto decir que la Justicia está cumpliendo de manera escrupulosa su deber de investigar la presunta comisión de delitos con la profesionalidad debida y con todas las garantías que contempla nuestro ordenamiento, incluso con minuciosidad añadida. De la misma manera ocurre con el procedimiento abierto contra David Sánchez, el hermano del presidente, al que se investiga por cinco presuntos delitos a cuenta de su contratación en la Diputación de Badajoz, acompañado de un sideral incremento de su patrimonio personal que coincidió con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Hasta la fecha, el estado de las cosas ha quedado definido por unos jueces que se atienen a su función y ejercitan sus deberes constitucionales y un gobierno que ha decidido comprometer al Estado con todos sus medios, incluidos la Fiscalía y la Abogacía, en la defensa de dos ciudadanos particulares. Una estrategia legal, política e institucional que ha abarcado desde el silencio al que tienen derecho ante el instructor hasta las querellas por prevaricación contra el togado pasando por una campaña de golpes bajos y guerra sucia para desacreditar el proceso además de enchufar el ventilador contra Núñez Feijóo con un montaje estupefaciente con que encubrir el rastro del escándalo político y jurídico que gravita en torno a Pedro Sánchez y su familia. Llegados a este punto, ha quedado de manifiesto que el presidente, atrincherado en el barro y el lodazal que Moncloa y su partido ya azuzan contra todo lo que se mueve como amenaza, no tiene intención de colaborar con la justicia, sino de torpedearla, sabotearla y si es posible amordazarla antes de que le cueste el cargo. Hay cientos de preguntas sin responder y cuentas sin rendir. También en el caso Koldo, que se ha cobrado dos destituciones en Transportes. Se han violado todos los códigos de ética democrática.
