La Junta de Andalucía ha frenado en los meses de junio y julio la construcción de 300 parcelas y edificaciones ilegales. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, expuso ayer en el pleno del Parlamento cómo el incremento de la labor inspectora «está dando abundantes frutos», sobre todo en medidas preventivas como los precintos, que buscan impedir la continuación de las obras y así evitar daños al territorio y procesos más dolosos como las demoliciones y derribos.
«No hay mejor forma de poner freno a las viviendas ilegales sobre suelo rústico que reaccionar con agilidad y paralizar la infracción en el primer momento de su comisión», manifestó Díaz, que indicó que el Plan General de Inspección para el periodo 2023-2026 pone el foco precisamente en la prevención, dando más importancia a las medidas cautelares y el acto de precinto.
La consejera relató que fruto del trabajo de la inspección autonómica, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se ha conseguido precintar 300 parcelas y edificaciones ilegales situadas en los municipios de La Rambla (Córdoba), La Línea de la Concepción, Chiclana, Paterna de Rivera, Barbate y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Brenes (Sevilla) y Palos de la Frontera y Bonares (Huelva).
Además, avanzó que en las próximas semanas se llevarán a cabo actuaciones de precinto en otras 100 edificaciones ilegales en municipios de las provincias de Almería, Cádiz, Granada y Córdoba. Además, se han llevado a cabo labores de reprecinto en 184 parcelas y edificaciones precintadas en operativos anteriores, a fin de comprobar su cumplimiento en San Roque y Vejer de la Frontera.
En esta línea, Díaz agradeció el «refuerzo de la colaboración» en estos operativos del Seprona de la Guardia Civil y la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma. La consejera destacó el «giro» que se ha dado a la labor inspectora gracias a los cambios legislativos promovidos por la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), que «por primera vez atribuye competencia directa a la comunidad autónoma para reaccionar ante infracciones cuya incidencia trascienda el ámbito municipal». «El objetivo es que nadie se salte la ley y nadie construya donde no puede hacerlo», incidió.
Al respecto, comparó los 300 precintos realizados en apenas dos meses con «casi la ausencia total de precintos y edificaciones en 2018, último año del ejecutivo socialista, en el que no se precintó ninguna edificación y los expedientes de protección de la legalidad incoados afectaron únicamente a 38 parcelas».
Por último, indicó que en lo que va de año se han iniciado expedientes de protección de la legalidad que afectan a alrededor de 400 edificaciones y parcelas ilegales y se han levantado 450 actas en visitas de inspección al territorio.
En este sentido, la Consejería de Fomento ha incrementado la labor inspectora ya que el urbanismo ilegal en suelo rústico provoca graves problemas sociales y ambientales, que van desde la contaminación y agotamiento de los acuíferos hasta problemas de seguridad y salubridad provocados por la falta de acceso a servicios.
