Desde la instauración del nuevo Gobierno, sostenido por una frágil coalición parlamentaria de ocho partidos, una de las preguntas que más se reiteran es la de la duración de la legislatura. No es preciso decir que aquí el vector decisivo es la incertidumbre en torno al apoyo de Junts, pendiente a su vez de alguien tan volátil como Carles Puigdemont. O incluso de los partidos a la izquierda del PSOE, como el difuminado Sumar. O Podemos, tan necesitado de protagonismo público. Aunque, en general, la aritmética parlamentaria crea un incentivo para que cada uno de los partidos que apoyan al PSOE busquen reclamar lo suyo en cada una de las propuestas que vengan desde La Moncloa. El último episodio lo estamos viendo ahora mismo con la reforma de la ley mordaza y los condicionantes que impone Bildu. Tal parece como si los pactos que sirvieron para poner en marcha la moción de investidura no rigieran ya para el funcionamiento ordinario de la legislatura.
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