Tras la publicación de la Ley de amnistía en el BOE serán los Tribunales los responsables de su aplicación, son los que toman la palabra y a ella estaremos. Ahora bien, la aprobación de la Ley ha generado un intenso debate político y social, polarizando a parte de la ciudadanía y a las instituciones del país. No podemos olvidar que con un respaldo de 177 votos frente a 172 en el Congreso, en principio, la ley busca normalizar la situación política y social en Cataluña, pero sus implicaciones han desencadenado una ola de controversias que cuestionan el pacto fundacional de 1978. La ley, a pesar de su excepcionalidad, se incrusta en el bloque de constitucionalidad, marcando un hito significativo en la historia jurídica de España. Este bloque, que comprende los principios y valores fundamentales de la Constitución, ahora incluye una norma que más que normalidad lo que ha traído es discordia y división. La ley, destinada a cerrar heridas del pasado y promover la reconciliación en Cataluña como objetivo confesado, el no confesado es más que obvio, ha generado un problema enorme en el conjunto de España; casi un setenta por ciento de los españoles, según diferentes encuestas, están en contra de la norma, y solo encuentran en la ley injusticia, desigualdad y privilegios, todo lo contrario a los valores superiores que pregona el art 1 de nuestra Carta Maga. El estrecho margen de su aprobación evidencia la profunda división. Este resultado plantea preguntas sobre la legitimidad y el consenso necesarios para abordar cuestiones tan delicadas como la amnistía. Ha dividido al propio partido socialista, enfrenta a la mayoría de las comunidades autónomas con la norma, incluida alguna gobernada por el PSOE. El Pacto de 1978, que cimentó la transición de España hacia la democracia, se basó en un acuerdo implícito de dejar atrás los conflictos del pasado y construir un futuro común. Sin embargo, la Ley de Amnistía supone un desafío a este pacto, y según alguno de sus defensores la primera derrota del régimen del 78, toda una triste y lamentable paradoja. El filósofo George Santayana advirtió: «Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo». Esta frase resuena en el contexto actual, donde el intento de reconciliación corre el riesgo de reabrir heridas históricas. La filósofa política Hannah Arendt señalaba que «el poder surge entre los hombres cuando actúan juntos, y desaparece cuando se dispersan». Este principio subraya la fragilidad del poder institucional en tiempos de divisiones tan marcadas. Por ello la Ley de Amnistía, pese a sus intenciones de normalización política y social, ha revelado además de profundas divisiones, una gran incoherencia en el seno del propio gobierno, cuyos miembros incluido su máximo responsable consideran que una ley de esta naturaleza era inconstitucional, cambiando radicalmente de opinión tras los resultados electorales de las elecciones de julio de 2023. Como advirtió el político británico Winston Churchill, «aquellos que no cambian de opinión nunca cambian nada», pero cambios tan drásticos y en tan limitado tiempo señalan y mucho a quien los padece. Estamos ante una ley de discordia, cuestiona la cohesión institucional, genera una profunda desconfianza en la política, puesto que se percibe como un instrumento partidista y no como un mecanismo de justicia, y evidencia una gran falta de consistencia y principios firmes. En conclusión, la Ley de Amnistía, lejos de cumplir su objetivo de reconciliación y normalización, ha emergido como una ley de la discordia, generando una profunda división en la sociedad e instituciones españolas. Este episodio pone de manifiesto la necesidad de una política basada en la coherencia, la transparencia y el respeto a los principios fundacionales de la democracia española.
La ley de la discordia
