El 18 de agosto de este año ha señalado en el calendario un hito para la Unión Europea y la lucha global por la conservación del medio ambiente. La Ley de la Restauración de la Naturaleza, la primera de su tipo en la historia de la Unión, entra en vigor y establece un precedente legal. La norma obligará a todos los países miembros no solo a proteger sus ecosistemas, sino a restaurarlos activamente. Este paso, considerado un avance crucial en la política ambiental europea, llega tras una tramitación llena de desafíos y tensiones políticas, lo que pone de manifiesto tanto las complejidades como la urgencia de la crisis ecológica a la que nos enfrentamos.
Una legislación pionera para tiempos críticos
La legislación, propuesta inicialmente en junio de 2022, nace de una necesidad imperiosa: revertir el deterioro de los ecosistemas europeos, que han sido gravemente afectados por décadas de explotación agrícola, industrialización y urbanización desmedida. La ley fija objetivos ambiciosos, como restaurar al menos el 20% de los ecosistemas degradados para 2030. De cara a 2050 se contemplan, además, la recuperación de tierras de cultivo, la rehabilitación de turberas, la restauración de espacios verdes urbanos y la eliminación de barreras artificiales en los ríos.
El enfoque es integral y busca no solo abarcar áreas protegidas, sino también aquellas que han sido significativamente alteradas por la actividad humana. Un buen ejemplo de ello son medidas propuestas para frenar la disminución de polinizadores, un grupo de especies que son vitales para la agricultura y la biodiversidad en general, cuya reducción podría tener consecuencias catastróficas para la seguridad alimentaria y los ecosistemas.
El camino no ha sido fácil
Desde el principio, la tramitación de esta ley ha estado plagada de obstáculos que no hacen sino reflejar la polarización política que existe en torno a la agenda verde. En el Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo (PPE) se opuso a la propuesta por considerarla demasiado ambiciosa e incluso peligrosa para sectores económicos clave, como la agricultura y la industria. Tanto es así, que los eurodiputados populares se levantaron de la mesa de negociaciones, por lo que su aprobación quedó en manos de los socialdemócratas, liberales, verdes e izquierdistas.
Finalmente, la ley logró superar las votaciones, tanto a nivel de comisión parlamentaria como en el pleno, gracias a la rebelión de un puñado de eurodiputados populares que desafiaron la postura de su partido para apoyar la medida. Sin embargo, las complicaciones no terminaron ahí. Una vez superado este escollo, la ley tuvo que enfrentarse al Consejo. Hungría, que inicialmente había mostrado su apoyo, cambió súbitamente de postura, lo que volvió a bloquear la aprobación de la norma.
La intervención de Austria, decisiva
En la víspera de la votación final, Austria, liderada por la ministra de Medioambiente Leonore Gewessler, decidió cambiar el sentido de su voto para dar un “sí” y, así, asegurar que el total de países a favor representaran el 66,07% de la población de la UE, requisito para su aprobación. Este cambio de postura no estuvo exento de controversia. Su decisión generó una fractura dentro del gobierno austríaco, liderado por el conservador Karl Nehammer. El Partido Popular (ÖVP), socio de coalición del gobierno y opositor a la ley, acusó a la ministra de no respetar la legislación federal y anunció que presentaría un recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Un futuro incierto pero esperanzador
A pesar de las dificultades, la entrada en vigor de la Ley de la Restauración de la Naturaleza es un paso decisivo hacia un futuro más sostenible para Europa. La Comisión Europea ha destacado que esta legislación es esencial para “revertir el deterioro de la naturaleza, lograr la neutralidad climática y reforzar la preparación y la resiliencia de Europa frente a los efectos del cambio climático”. Sin embargo, el camino hacia su plena implementación promete no ser sencillo, desde la resistencia política y económica hasta la necesidad de coordinar esfuerzos a nivel local, nacional y europeo.
Pero la esperanza está puesta en que esta normativa pueda ser un catalizador para un cambio real y significativo, no solo en Europa, sino a nivel global, e inspirar a otras regiones del mundo a adoptar medidas similares.
