El Tribunal Constitucional ha redefinido el perímetro de las responsabilidades en la pieza política del caso de los ERE al anular total o parcialmente las condenas por prevaricación y malversación de una veintena de altos cargos del Gobierno autónomo, pero la mayoría de las causas concretas en las que se analiza la gestión específica y el destino de las ayudas sociolaborales reconocidas en la partida 31L de los presupuestos autonómicos —conocida también como el “fondo de reptiles”― siguen vivas en los tribunales. El caso de los ERE está lejos aún de estar resuelto judicialmente: quedan 134 causas pendientes y, por tanto, se desconoce aún el alcance real del fraude. Esas piezas separadas pendían, como un racimo de uvas, del tallo que constituyó la pieza política de los ERE y que ahora, tras las sentencias del Constitucional, cobran todo el protagonismo para fijar hasta donde llegó la malversación y de las cantidades efectivamente defraudadas.
