La ambigüedad calculada tiene sus riesgos, como demostró ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su obligada comparecencia ante el Senado para explicar el pacto fiscal alcanzado con ERC como parte de los acuerdos de investidura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que tuvo la virtud de no satisfacer a nadie, ni a sus compañeros de Gabinete de Podemos ni a los socios parlamentarios del Gobierno ni, por supuesto, a las formaciones de la oposición.
Es más, en un momento dado, pareciera que la ministra iba cambiando la línea de su intervención a medida que llegaban los ecos del discurso programático de su jefe de filas, Pedro Sánchez, anunciando que pensaba duplicar el fondo de solidaridad de las comunidades autónomas, lo que sembró la alarma entre los senadores de Junts, que llegaron a advertir de que no pensaban «pagar la ronda».
Ni siquiera el recurso al comodín de «la culpa es del PP» sirvió a la ministra para tranquilizar a los nacionalistas catalanes, entre otras razones, porque los subterfugios dialécticos de la compareciente daban pábulo a cualquier sospecha de incumplimiento del pacto fiscal catalán. Incluso sería legítimo pensar que Montero llegó a la Tribuna de la Cámara Alta sin conocer los pormenores del acuerdo, aunque, con toda seguridad, lo que ocurre es que La Moncloa todavía no ha conseguido armar un relato que sea medianamente aceptado por la opinión pública.
Así, mientras desde ERC se entiende que Cataluña accede a la «soberanía fiscal», con la gestión al ciento por ciento de ingresos tributarios y bajo el principio de ordinalidad, es decir, que las comunidades que más aporten son las que más reciban –la «solidaridad limitada» del discurso nacionalista–, Montero fue incapaz de aclarar si el acuerdo, que se negó a denominar como «cupo» o «concierto económico», supone la salida del Principado del régimen común o, a la postre, se integrará en el nuevo modelo de financiación autonómica, aún sin definir, que lleva anunciando el Gobierno desde el comienzo de la legislatura y que, según Pedro Sánchez, supondrá duplicar los fondos presupuestarios de todas y cada una de las autonomías, lo que justificará una nueva subida de impuestos «a los ricos», que, al parecer, en España son los que conforman la clase media.
No es de extrañar que desde Junts y, en menor medida, desde ERC, se amenazara a la compareciente con liquidar prematuramente la legislatura si Cataluña no salía, efectivamente, del régimen común y todo se limitaba a una nueva edición del «café para todos» de la Transición. La realidad es que el cumplimiento del acuerdo está lleno de incertidumbres, no sólo desde el punto de vista constitucional, pues rompe la igualdad de todos los españoles, sino por la propia resistencia interna en el Partido Socialista.
