Cuando termine el mes de mayo, los farmacéuticos andaluces deberán detraer de sus ingresos por la venta de genéricos un 5% que irá a pasar a las arcas del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en cumplimiento de una adenda al convenio que fija las condiciones de la prestación farmacéutica por las oficinas andaluzas, firmada a principios de abril por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Andalucía (Cacof) y la Junta. Para la Administración se trata de un mecanismo para promocionar la venta de medicamentos genéricos; para la Confederación de Empresarios de Oficinas de Farmacia de Andalucía (Ceofa), la patronal de farmacias, y muchos boticarios es un “impuestazo” establecido para ayudar a paliar el gasto farmacéutico en la comunidad, disparado desde que el Gobierno de Juan Manuel Moreno eliminó la subasta de medicamentos, que tampoco gustaba al gremio. Mientras Ceofa y Farmaindustria, que representa a las empresas y laboratorios farmacéuticos estudian medidas legales, los farmacéuticos presentarán el próximo martes una petición de suspensión cautelar ante los juzgados de lo contencioso administrativo de Granada.
La obligación de dar el 5% de las ventas de genéricos a la Junta enoja a los farmacéuticos andaluces
