Problemas de productividad, limitada calidad del empleo, una temporalidad que no se ha rebajado lo suficiente, una contratación fija a la que le falta mayor impulso y una pobre flexibilidad de la contratación. Estos son solo algunos de los problemas detectados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su último informe sobre el mercado de trabajo, en el que respalda la reforma laboral impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en sus aspectos más positivos, como que ha logrado limitar “estrictamente” el uso de contratos temporales, el “impacto positivo en las rentas” de las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) -porque ha tenido “un efecto positivo en los salarios de los trabajadores con salarios bajos, sin causar pérdidas sustanciales de empleo”- y por el avance sobre la reducción de la jornada laboral.
Sin embargo, la organización cree que la reforma impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha tenido unos “efectos incompletos” y reclama que se corrijan los “graves y duraderas deficiencias de productividad” que arrastra la economía española desde hace décadas, y que no han sido resueltos tampoco por las medidas adoptadas, ya que incluso los datos de productividad son inferiores a los años previos a la pandemia. de este modo, creen que detrás de estas malas cifras de la productividad están sobre todo una “menor eficiencia en la adopción de tecnologías de producción y prácticas de gestión avanzadas” por las dificultades de las empresas y de los trabajadores para adaptarse a los cambios tecnológicos y a la globalización.
También ven muy negativa la “preocupante” caída de la inversión empresarial, “especialmente acusada por la burbuja inmobiliaria a comienzos de los años 2000, que absorbió mucho dinero, así como por la exposición de los bancos al ladrillo”. Por ello, en informe apunta que para reactivar la progresión de la productividad habría que “corregir los persistentes desequilibrios de cualificación” que limitan la adopción de nuevas tecnologías, “transferir recursos de las empresas menos productivas a las más productivas” y abordar las disparidades entre comunidades autónomas en este asunto. Todo ello pasa por “reducir el abandono escolar temprano”, uno de los más altos de la OCDE, ya que en España un 13% de los jóvenes de 18 a 24 años han dejado los estudios sin haber superado el primer ciclo de secundaria, frente a una media del 9% en la OCDE.
Los analistas de la OCDE reclaman que se establezcan “vínculos más estrechos” entre el sistema educativo y el mundo laboral, que se integren más estudiantes a la Formación Profesional y que se promuevan el “aprendizaje durante toda la vida laboral” a través de la formación de adultos, para adaptar la mano de obra a las necesidades cambiantes del mercado laboral, que evitaría los problemas de vacantes laborales que arrastran las empresas. El informe señala que, desde mediados de la década de los 90, el crecimiento de la productividad en España ha sido muy mediocre, si se compara con la media de la OCDE, una media anual del 0,5%, frente al 1,2 % en la OCDE.
En este sentido, los expertos del informe alertan de que deberá consensuarse con los interlocutores sociales una posible reducción de la jornada laboral, porque “solo hay pruebas limitadas sobre el impacto en la productividad”. Por eso señalan que, de cara al futuro, será clave determinar “si un recorte horario puede generar una mejora suficientemente grande en esa productividad para compensar a los empresarios por el aumento del coste laboral por hora o a los trabajadores por la pérdida de ingresos”. También creen que debe evaluarse” en qué medida los efectos en la productividad dependen de la forma en que se organiza una jornada laboral más corta”, con horarios de trabajo más comprimidos durante menos días o menos horas al día, y de la actividad económica de la empresa.
En cuanto a la contratación, aunque reconocen que se ha “restringido considerablemente el uso de contratos de corta duración”, para los que había una “dependencia excesiva” en el mercado laboral español, ya que España era todavía en 2021, con un 20%, el segundo país de la OCDE -sólo por detrás de Corea del Sur, el que más pesaban los contratos temporales, un porcentaje que en en el primer trimestre de 2023 había bajado al 15%. Sin embargo, la OCDE ve todavía debilidades y advierte que la temporalidad parece haberse trasladado de un tipo de contrato a otro, ya que ve con recelo que el peso de los contratos fijos discontinuos se haya duplicado.
Según sus datos, alrededor de una quinta parte del aumento del empleo indefinido se ha debido al mayor uso de los contratos fijos discontinuos, que pasaron de ser un 2,7% del total en el primer trimestre de 2021 al 5,3% en el cuarto trimestre de 2022. Aunque reconocen que este tipo de contrato ofrece “cierta mayor estabilidad laboral” que el de los temporales, “no necesariamente se logra más seguridad de ingresos”, que varía en función del periodo de actividad y de la temporada, por lo que recomendación “ir un poco más allá” con los contratos indefinidos, sobre los que también apunta que su duración en el tiempo se ha reducido, por lo que apuntan que debería vigilarse esta cuestión.
La Organización también ve disfuncionalidades en los tipos de contratos, a los que achaca su “pobre dinamismo” porque provoca una menor flexibilidad laboral, razón por la que propone dar mayores facilidades para que los trabajadores puedan “rescindir sus contratos de mutuo acuerdo sin perder el derecho al paro o a los servicios del desempleo”. Afirman que debería corregirse una situación sólo distintiva del mercado laboral español, diferente al resto de países miembros, ya que al no tener derecho al paro o a esos servicios, “están menos dispuestos a rescindir voluntariamente sus contratos” y aumenta el coste de despido para las empresas.
