Las Naciones Unidas han acusado al régimen cubano de violaciones sistemáticas al debido proceso. Esta es la primera luz de esperanza para la liberación de los presos políticos en Cuba, un país caracterizado por un régimen que censura y reprime a la oposición.
La carta acusatoria de la ONU, AL CUB 2/2024, responde a la denuncia de la ONG Prisoners Defenders presentada en julio del año pasado. Este documento usa la propia ley cubana para detallar las restricciones que impiden la creación de asociaciones independientes en Cuba y otras violaciones de derechos fundamentales.
Entre las violaciones señaladas por los mandatos de la ONU se encuentran la privación de libertad sin tutela judicial, es decir, una detención sin supervisión o revisión adecuada por parte de un tribunal independiente; y la nula separación de poderes, evidente en la dependencia de fiscales y jueces del poder político.
Como si esto no fuera lo suficientemente malo, en la carta de la ONU se menciona la criminalización de derechos fundamentales, la manipulación de delitos y testigos y el uso de tribunales militares contra los civiles.
Origen de la denuncia
El informe de Prisoners Defenders, que vio la luz en julio de 2023, titulado “1.000 familias cubanas vs gobierno cubano”, incluía 520 casos documentados de violaciones al debido proceso. Este fue el primer informe que llegó a las manos de la ONU.
Sin embargo, la organización hizo público otro documento en el que demostró la detención de entre 5.000 y 8.000 personas durante el 11J —la manifestación multitudinaria que tuvo lugar en 2021 en contra del régimen y gobierno de Miguel Díaz-Canel. Este recopiló más de 100 entrevistas con afectados.
El gobierno Cubano tuvo 60 días para responder a los mandatos de la ONU y a ONG; sin embargo, no hubo ningún tipo de pronunciamiento al respecto por parte de las altas esferas del poder político cubano.
La situación en Cuba: censura y represión
El acoso por parte de los mecanismos de Seguridad del Estado hacia aquellos que piensan diferente sigue vigente en Cuba. Después de décadas de uso arbitrario de la ley, los cubanos todavía temen represalias. Incluso si son políticamente inactivos, están inmersos en una espiral que no les permite pensar más allá de lo controlado por los medios de comunicación y el Partido Comunista Cubano (PCC).
A marzo de este año, Prisoners Defenders calculaba 1.067 presos políticos, una cifra ocho veces mayor que la disponible en 2018, aunque hay que tener en cuenta las jornadas de protesta convocadas en julio de 2021. La organización también destacó un aumento de 170 presos en los últimos doce meses. Esto significa una media mensual de más de 14 detenciones por motivos políticos.
La represión no se evidencia solo en el ámbito judicial, sino que está en todos los sectores del sistema cubano. Amnistía Internacional realizó un informe en el que examinó despidos discriminatorios e improcedentes del empleo estatal y acoso en el emergente sector de trabajo por cuenta propia. Esto es relevante ya que el gobierno es el mayor empleador del país; el 70% de los trabajos están en el sector público.
Conclusiones de la carta acusatoria de la ONU
La carta de la ONU describe siete violaciones al debido proceso en Cuba que invalidan todos los procesos penales de más de 1.500 personas que han estado presas por motivos políticos durante los últimos tres años.
Se trata de la privación de libertad sin tutela judicial, falta de abogados independientes, dependencia de fiscales y jueces del poder político, peritos y testigos del Estado, criminalización del ejercicio de derechos fundamentales como la protesta social pacífica, manipulación de delitos y el uso de tribunales militares contra civiles.
Además de estas violaciones, la carta de la ONU denuncia la negación de la libertad de asociación en Cuba. El país cuenta con una ley de asociaciones que no permite la creación ni el funcionamiento de asociaciones independientes del gobierno, lo que limita severamente los derechos de organización y expresión de la sociedad civil cubana.
