La tarde de la aprobación de la Ley de Amnistía llovía en Girona. Tenía algo de tiempo para pasear, pero no llevaba paraguas y para no quedar completamente empapado me planté cerca del edificio donde debía mantener una charla. Era en un extremo de la plaza del 1 de Octubre. Antes se había denominado plaza de la Constitución, pero en febrero de 2018 el Ayuntamiento cambió el nombre. Ese espacio público había sido y seguiría siendo el epicentro de la protesta durante los tiempos álgidos del movimiento independentista. La decisión municipal de sustituir la referencia a la Carta Magna por el día fundacional del referéndum, que se replicaría en diversos lugares de la geografía catalana, tenía una potente dimensión simbólica. Medio año después de aquel cambio participé en la ciudad en un acto de discusión sobre el significado del 1 de Octubre. Entre el público se sentaba un grupo de militantes socialistas, incluida la portavoz. Los increparon. Ellos eran pocos y, más que con rabia, respondieron con dolor. En aquel momento, en la ciudad que había gobernado Carles Puigdemont, eran la cuarta fuerza. En las elecciones de mayo de 2023 el grupo del PSC ganó las elecciones. Las últimas municipales que habían ganado habían sido las de 2007.
La oportunidad de la amnistía
