El «caso ERE», en contra de lo que el amparo a los recursos de los altos cargos por parte del Tribunal Constitucional parece vislumbrar, sigue vivo con un centenar de piezas pendientes y una complejidad que dificulta cifrar el número de investigados. En el inicio de la macrocausa, se pasaba del medio millar. Uno de ellos era el ex alcalde socialista de Los Palacios Antonio Maestre, de cuyo condena en una pieza de los ERE informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Al mismo tiempo que se encargan nuevas sentencias a la Audiencia de Sevilla por parte del Constitucional para los ex presidente andaluces y ex consejeros de la Junta, el segundo nivel del rango político –ex directores de Trabajo como Juan Márquez o el fallecido Javier Guerrero y alcaldes– sigue sumando sentencias condenatorias en una suerte de pedrea penal una vez que el TC viene limitando el fraude a los intrusos, la Consejería de Empleo y los mediadores beneficiados.
Hasta principios de junio el caso de los ERE acumulaba en la vía penal 134 piezas por resolver en los juzgados y 17 sentencias con condenas. La cuenta se acrecienta. Según el último balance facilitado a Efe por el TSJA, existen 73 procedimientos en trámite en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, de los que 41 están en fase de instrucción de diligencias previas y 32 restantes en fase intermedia, tras haberse dictado el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado. Hay otros 61 procedimientos terminados por elevación a la Audiencia para enjuiciamiento, de los que 17 ya han sido juzgados y sentenciados. Se trata de los procedimientos específicos Acyco, Novomag, ayudas a empresas del corcho, Picos Yeye, Nerva Croissant, Industrias Elizana, Escayolas Saavedra, Carpintería Pérez y Fuentes, Gálvez Peluqueros, Ayuntamiento de Guarromán, chófer de Guerrero, Plantas y Flores Castejón, Elaborados Cárnicos Andaluces, Hotelera Comar, Edm Séneca, y Aerosur.
De los tres procedimientos que estaban pendientes de sentencia tras la celebración del juicio (Surcolor, Ayuntamiento de Los Palacios y pólizas individuales), ya se conoce un fallo. La Sección Primera ha condenado a catorce meses de cárcel al exalcalde de Los Palacios y Villafranca entre los años 2004 y 2011 Antonio Maestre en una pieza separada del «caso ERE» por las ayudas por un montante total de 750.000 euros otorgadas por la Junta al Ayuntamiento de esta localidad sevillana para la construcción y puesta en funcionamiento de un complejo ecuestre. El tribunal condena al ex primer edil como cooperador necesario de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, y le impone un año y dos meses de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de dos años y nueve meses por el delito de malversación, así como un año y once meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación. De igual modo, la Sección Primera condena a una interventora accidental del Ayuntamiento por los mismos delitos en concurso medial, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas y la atenuante de reparación del daño, y le impone un año de cárcel y dos años y medio de inhabilitación por el delito de malversación, así como un año y nueve meses de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación.
Por último, los magistrados absuelven al también exalcalde de Los Palacios entre 1994 y 2004 Emilio Amuedo de los delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos por los que fue enjuiciado al considerar que ambos delitos han prescrito.
La sentencia especifica, en la línea del modus operandi de los ERE, que se prescindió del procedimiento legalmente establecido y el proyecto de centro ecuestre «no llegó a ejecutarse». A diferencia de otros casos, los delitos de los dos condenados no han prescrito.
Sobre la revisión del TC al culminar la revisión de los 12 recursos analizados, con sólo dos desestimados y cinco excarcelaciones, se pronunció el consejero de Presidencia Antonio Sanz, a la postre, uno de los denunciantes del caso como dirigente del PP-A. Sanz consideró «insultante» para los andaluces ver al PSOE «presumir de los ERE» y consideró «peligroso» que «se haga una autoamnistía». «No se ha absuelto a nadie. No olviden que quien expulsó a estos socialistas fue el propio PSOE», señaló.
