Tras tercera convocatoria electoral en 2024 se supone que la legislatura nacional echará a andar, una legislatura que sólo cuenta con dos hitos: la ley de amnistía y que no haya presupuestos. Y salvo que se disuelvan las Cortes anticipadamente –nada puede sorprender ya– una vez que eche a andar se supone que se desbloqueará la situación del Consejo General del Poder Judicial. No imagino, mejor dicho, no quiero imaginar que no sea así y que, a los cinco años de paralización, se añadan otros tres más.
Si hablamos de Justicia en general, no hay que ser muy avispado para intuir que la actuación de los jueces en los últimos tiempos no va a quedar sin respuesta desde un poder que no oculta su alergia a la Justicia, máxime si entorpece y limita. En esto no hay nada nuevo bajo el sol. Las ideas que se barajan para neutralizar a la Justicia no se han renovado, son las de siempre. Ahí está entregar la investigación penal al fiscal o suprimir el sistema de oposiciones para ingresar en la Judicatura. Y respecto del Consejo, defender como sea el sistema de entera elección parlamentaria sin olvidar la idea de garantizarle una renovación unilateral.
Dentro del catálogo de viejas ideas para controlar a la Justicia me centro en una que resurgió en las elecciones catalanas. En su programa electoral los socialistas catalanes insistían en la creación de un Consejo de Justicia propio, como Junts. Hasta aquí nada nuevo. Pero lo que sorprende es la fórmula que ambos proponían para erigir ese Consejo judicial catalán. En su programa el PSC resucita la idea del Consejo «desconcrentado» del Consejo General del Poder Judicial. También Junts, sólo que, sin rubor, sostiene como promesa aplicar el artículo 97 del Estatuto de Cataluña que preveía crear un Consejo propio, desconcentrado del único existente, el estatal y constitucional.
Se ha dicho que los programas electorales están para incumplirlos y me pregunto si en esto no hay excepción. Lo digo porque el Tribunal Constitucional expresamente –así, expresamente– dijo que ese fantasmagórico Consejo desconcentrado no tiene cabida en la Constitución y declaró inconstitucional ese artículo 97, el que Junts ofertó electoralmente aplicar; lo mismo el PSC, sólo que este, al menos, tuvo el pudor de no citarlo en su programa. En circunstancias normales tales promesas quedan insertas en esa máxima a la que antes aludía y quedan en promesas, palabrería para rellenar un programa electoral.
En todo caso, no está de más recordar por qué ese Consejo catalán desconcentrado no tiene cabida en la Constitución, lo que nos retrotrae a años del zapaterismo, ahora silencioso pero muy influyente. Un zapaterismo que, ya antes de llegar al poder, apuntó maneras formando un tripartito catalán que promovió el actual Estatuto catalán, que hacía pasar por tal lo que era una constitución encubierta, inspirada en un modelo federal de Estado. En paralelo, ya gobernante, el zapaterismo reanimó ese proyecto de Estatuto que estaba moribundo y pergeñó una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que recogiese las previsiones estatutarias. Gracias al zapaterismo una región, Cataluña, redactaba las leyes del Estado y modificaba la Constitución. ¿Les suena esto?
Como digo, su plan era crear un Consejo judicial desconcentrado que acabaría por vaciar de contenido al Consejo General del Poder Judicial. En teoría seguiría existiendo y algunas de sus competencias pasarían, desconcentradas, a ese Consejo territorial catalán, competencias que gentilmente el Consejo estatal le cedería; es más, y para tranquilizar a ciertos hiperventilantes constitucionalistas, ese órgano de gobierno judicial catalán, por ser desconcentrado, sería parte del Consejo, luego siempre un órgano estatal.
Pero si esto era así ¿dónde estaba el problema? Por lo pronto se trataba de una hábil operación de ingeniería constitucional para zafarse del Tribunal Constitucional, que ya dijo que el Poder Judicial es único y estatal, gobernado sólo por el Consejo General del Poder Judicial. Frente a ello el zapaterismo ideó la Operación Percha, así denominada porque su objetivo inicial era humilde e inocente: se utilizaría para colgar primero una bufanda, luego -ya que lo tenemos- un sombrero, después -¿por qué no? un abrigo, y otro, y otro, hasta que no aguantase y hubiese que guardarlo todo en un armario. Implicaría atornillar en la pared de la Constitución esa percha en la que se colgarían unas pocas competencias para acabar en un Consejo propio que asumiese todas las competencias del gobierno judicial.
Las promesas electorales suelen incumplirse y esta puede que sí, puede que no. En teoría es inviable y no cabe descartar nada: al fin y al cabo vivimos tiempos en los que son «circunstancias normales» convivir con lo sorpresivo y que sea realidad lo que hasta hace un minuto era inconcebible, lo constitucionalmente inconcebible. Por lo pronto, la experiencia reciente nos dice que la doctrina constitucional es reversible.
