Cuando parecía que se acercaba un nuevo período de buenismo progresista con la política migratoria –y el equipo de opinión sincronizada del sanchismo se rasgaba las vestiduras a cuenta de la «xenofobia del PP»–, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, remataba su gira africana en un giro de guion dramático para señalar a las mafias y reclamar el cumplimiento de la Ley de Extranjería con el «necesario retorno a sus países de origen» de aquellas personas llegadas a España por procedimientos irregulares. Es decir, prácticamente la misma posición que había mantenido 48 horas antes el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, y que con tanto escándalo se había recogido entre las filas gubernamentales, que, ayer, no salían de su perplejidad.
Por supuesto, no se puede poner objeción alguna a quien desde la máxima responsabilidad política reclama el cumplimiento de la ley, pero sí es legítimo exigirle que explique a la opinión pública cómo, en qué medida y, sobre todo, con qué medios piensa materializar esas expulsiones, cuando, según los informes que obran en poder de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ni si quiera se cumplen efectivamente el 3 por ciento de las órdenes de expulsión dictadas, a pesar de los acuerdos de readmisión firmados con países como Mauritania, Senegal o Gambia.
Es más, la experiencia de la sociedad española con la emigración tiene mucho más que ver con las «regularizaciones extraordinarias» de inmigrantes que llegaron irregularmente a nuestro territorio que con las imágenes, siempre incómodas, de los vuelos de retorno forzoso. De hecho, desde 1986 se han producido seis procesos de regularización extraordinarios, tres impulsados por gobiernos socialistas y otros tantos por gobiernos del Partido Popular, lo que confirma que frente al fenómeno migratorio todos los Ejecutivos europeos actúan guiados por las coyunturas electorales y no de acuerdo a unas estrategias bien diseñadas y prolongadas en el tiempo.
Es lo que está sucediendo en Alemania, donde el impacto en la opinión pública de una mortal agresión con cuchillo cometida por un solicitante de asilo musulmán ha llevado a su canciller, Olaf Scholz, a prometer el endurecimiento de las políticas de expulsiones –está en un proceso electoral regional muy complicado para los partidos en el Gobierno– pese a que la Policía es incapaz de llevar a cabo las doscientas mil órdenes que dictan al año sus tribunales.
Bien está que nuestro jefe del Ejecutivo se comprometa a luchar contras las mafias y a favorecer la emigración legal –un brindis al sol si tenemos en cuenta cómo funciona en ese campo la red consular española–, pero la política migratoria no puede improvisarse ni articularse con eficacia sin el consenso interno, es decir, con la oposición, y sin coordinarse con el resto de nuestros socios europeos.
