La presidenta de la asociación de autónomos Uatae, María José Landáburu, investigada por un presunto fraude y falsedad documental para acceder a subvenciones del Ministerio de Trabajo, se ha unido a la denuncia del fango y el lodo mediático iniciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en defensa de Begoña Gómez que, precisamente, amadrinó Conpymes, la asociación en la que está integrada Uatae. Landáburu ha atacado con virulencia a la Prensa y a los jueces que están investigando a la mujer del presidente, pese a que ella misma está siendo investigada por engordar su plantilla de forma presuntamente ilícita con trabajadores de otras organizaciones -como Pimec y Pimem- para cobrar subvenciones públicas más elevadas.
A través de sus redes sociales y en el informativo matutino de TVE, la presidenta de Uatae ha denunciado que la investigación a Gómez “no es más que es una construcción en base a bulos de la prensa”, porque “en los 3.000 y pico folios del informe de la UCO no hay nada imputable”. También ha defendido que lo “único que hay es una investigación que se ha abierto por una diligencia judicial y ni siquiera se le ha llamado a declarar porque el juez no va a saber ni qué preguntarla”.
En el mismo sentido, ha reiterado sus palabras en X (antiguo Twitter), en el que ha expuesto que “los engranajes de la maquinaria del fango llevan mucho tiempo desgastados. Por mucho que intenten crear relatos en torno a cosas inexistentes, la sociedad tiene claro cuáles son las prioridades; continuar la senda del avance social y medidas que mejoren la calidad de vida”.
Uatae está imputada por parte del Juzgado de Instrucción Nº 17 de Madrid por falsedad documental y fraude en subvenciones después de que, presuntamente, ambas organizaciones decidieran hinchar su representatividad y acceder a un cobro más elevado de una subvención del Ministerio de Trabajo. La jueza María Isabel Garaizabal ha imputado a ambas organizaciones por integrar presuntamente los trabajadores de Pimec y Pimem Mallorca como propios de Uatae, pese a la imposibilidad legal, ya que una organización empresarial no puede integrarse como una de autónomos.
La organización que preside Landáburu, cercana a Sumar y dependiente de CC OO y Conpymes, cobró 266.000 euros obtenidos de forma presuntamente fraudulenta que tendría que haber sido repartido con Pimec, pero el contencioso administrativo de la Audiencia Nacional provocó una investigación en el Ministerio de Yolanda Díaz que derivó en una denuncia por delitos económicos en la Fiscalía que impidió el reparto y forzó a Landáburu a devolver “íntegramente y con intereses” –aseguraron desde Uatae– dicha subvención, una decisión que servirá como atenuante si se diera una sentencia condenatoria, para evitar los cinco años de cárcel y los seis de inhabilitación pertinentes para estos delitos.
Pero no es el único escándalo que atañe a esta organización. La semana pasada se conoció otro presunto cobro de subvenciones de forma ilícita. Esta vez ha sido la Junta de Andalucía la que ha destapado este nuevo caso, que implicaría que habría cobrado de forma irregular más de un millón de euros, los correspondientes a los más 700.000 euros que le reclama el Servicio Andaluz de Empleo desde 2021 por el cobro indebido de la subvención otorgada para gastos de funcionamiento en 2018, y otros 385.000 euros de la Consejería de Empleo. Un importe que sumaría casi 1,1 millones de euros, que serían sólo una parte de las ayudas recibidas por Uatae, que habría recibido 400.000 euros más por parte de otros organismos, instituciones y consejerías de la Junta que “están siendo revisadas para detectar posible irregularidades”, además de haber “congelado todas las ayudas concedidas hasta que se determine su legalidad”, confirmaron a LA RAZÓN fuentes del Gobierno andaluz.
