La última comparecencia de la ministra y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, sobrepasó todos los límites a los que está sujeta por razones del cargo una figura pública que representa al Poder Ejecutivo, es decir, al gestor de los intereses de todos los ciudadanos, incluidos, por supuesto, quienes no comparten sus principios ideológicos. Desafortunadamente, la sociedad española ha acabado por acostumbrarse a que la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros se haya convertido en un púlpito gubernamental desde el que atacar a la oposición o, lo que es peor, a personas y estamentos que molestan al Gobierno, sin posibilidad de réplica.
Es juego de ventaja que no honora, precisamente, a quien lo practica, pero que apenas destaca entre la panoplia de actitudes de matón del sanchismo. Pero si denunciamos que la ministra Alegría ha sobrepasado todos los límites de la acción política, al menos, en una democracia, es por su tergiversación palmaria de los hechos, buscando tras la muleta de una realidad fabulada una vía de escape para la incalificable actuación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un asunto tan sensible para la opinión pública como es liberación anticipada de los peores asesinos en serie de la banda etarra.
Más grave, si cabe, cuando la decisión no se sustenta en la reflexión política y el acuerdo social, sino en la personalísima necesidad de mantener el apoyo parlamentario de Bildu para permanecer en La Moncloa. Si la ministra portavoz se hubiera limitado a zaherir la torpeza de la oposición, aun siendo una falacia, hablaríamos de la inveterada táctica partidista de este Gabinete, pero al manipular groseramente unos hechos fácilmente fijados por la cronología, no sólo toma por desavisados a la mayoría de los ciudadanos, sino que les impide el acceso a la verdad.
No es el recurso a la mentira lo que, a estas alturas de la legislatura, nos pueda escandalizar, es que la portavoz ha pretendido hurtar a los ciudadanos los elementos esenciales para la conformación de una opinión bien informada, que es la negación del juego político en las sociedades libres. Un gobierno que trata de justificar sus actos sobre una realidad falseada va mucho más allá de la propaganda.
Por otra parte, aunque sea incidentalmente, no podemos dejar de referirnos a la intervención de la ministra Alegría a cuenta de la resolución de la Audiencia Provincial sobre el caso judicial de la esposa del presidente del Gobierno, entre otras razones, porque consideramos que se trata de una persona sin responsabilidad institucional o representación política alguna, cuya peripecia personal no debería tener cabida en la notificación del Consejo de Ministros. Que, luego, la portavoz hiciera decir a los jueces lo contrario de lo que han dicho es un asunto menor, porque la ministra Alegría creerá que cuela y el resto de los españoles, pues no.
