El sistema educativo público andaluz se financia a través de los impuestos de los ciudadanos pero tiene otros servicios complementarios asociados que, bonificaciones al margen, se abonan directamente por las familias. Estos servicios conexos a la enseñanza son clave para la conciliación de la vida laboral y familiar, como es el caso de los servicios complementarios del transporte escolar, aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares.
A diferencia del profesorado, estos servicios suelen prestarlo, en la mayoría de los casos, empresas externas que optan a las licitaciones de la administración educativa. El problema es que, en muchas ocasiones, esos contratos no cubren el precio del servicio que se presta y han quedado desiertas. El alza de costes laborales o el incremento de materias primas –como los alimentos o la gasolina– obligan a la Consejería de Desarrollo Educativo a aumentar el precio que abona a estas empresas para que sigan manteniendo el servicio, lo que se traduce en incrementos en las partidas presupuestarias.
Por este motivo, la Agencia Pública Andaluza de Educación ha planteado la necesidad de elevar las anualidades futuras de las aplicaciones presupuestarias de los servicios del programa 31P, al correspondiente a Comedores Escolares, Plan de Refuerzo de la Alimentación Infantil, Aula Matinal y Actividades Extraescolares por importe de 6.911.422,00 euros en 2025 y 22.647.923,10 euros en 2026.
A todo ello se suma la situación de los monitores escolares de transporte escolar. La prestación del servicio actual de monitores de transporte escolar se viene desarrollando bajo un contrato de adjudicación en abierto con una duración inicial de dos años, desde octubre de 2021 hasta octubre de 2023, con posibilidad de prórrogas de hasta un máximo adicional de 36 meses, es decir, hasta octubre de 2026.
El problema es que durante el período inicial de la ejecución del contrato, en 2022, se procedió a la firma de un nuevo convenio colectivo de ámbito de aplicación de Andalucía (el anterior era Estatal), concretamente el Convenio Colectivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía de Ocio Educativo y Animación Sociocultural. Este nuevo convenio reconoce un plus para la categoría de monitor de un 15% sobre salario base que no existía cuando se licitó dicho expediente.
A raíz de la aparición de este convenio todas las empresas manifestaron la no voluntad de prórroga, y pese a eso desde la Agencia se les volvió a plantea una nueva prórroga que finaliza el próximo 10 de septiembre de 2024. En la actualidad la prórroga que está en ejecución finaliza el 10/9/24 y se ha comunicado una nueva prórroga hasta finales de 2024. La situación es insostenible y las empresas han vuelto a manifestar la no voluntad de prórroga en esa fecha, a la vez que están solicitando a la Agencia medidas de reequilibrio económico del contrato. La Agencia Andaluza de Educación señala que pese a esta situación «nuevamente se les va a plantear una nueva prórroga hasta finales de 2024 en tanto en cuanto se procede a la nueva licitación, que abarcará desde 1 de enero de 2025 a 31 de diciembre de 2026».
Para esta nueva licitación habrá que incluir el plus del 15 % del salario base aprobado en el nuevo convenio; el incremento salarial derivado de ese Acuerdo Parcial en 2025 y 2026, ya firmado; la disminución de la jornada efectiva laboral derivada de dicho acuerdo; y el resto de costes directos e indirectos asociados a la hora de monitor. Esto supone, según los cálculos de la empresa pública de educación que contrata los servicios, 17.762.465,24 por anualidad.
En el caso de los comedores escolares, la Agencia señala en su previsión que para 2025 «no se plantea ninguna necesidad de elevación al corresponderse los créditos actualmente disponibles en la anualidad 2025 a las necesidades previstas». Para el aula matinal, «la necesidad de crédito para 2025 se estima en 8.967.913,00 euros para este servicio, totalmente en línea con el presupuesto existente en 2024». En el caso de las actividades extraescolares, «la necesidad de crédito para 2025 se estima en 8.322.000,00 euros para este servicio, en línea con el presupuesto existente en 2024 y con el volumen de contratos formalizados en el curso escolar pasado».
Todos estos costes tendrán reflejo en los sucesivos presupuestos autonómicos que deberán incrementar las partidas de estos servicios sin necesidad de que se repercuta directamente en las familias el precio del mismo, al menos no en su integridad.