El Consello de la Xunta ha dado este lunes luz verde a destinar 43,2 millones a la primera fase de la estrategia con la que prevé crear 20.000 viviendas protegidas y 5.000 libres. En concreto, la partida irá destinada a la adquisición de suelo urbanizable.
En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, ha recordado su compromiso adquirido de terminar la legislatura doblando el parque público residencial. “Pasar de las 4.000 actuales a 8.000 viviendas de promoción pública”, ha sostenido en una comparecencia en la que la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructura, María Martínez Allegue, ha desgranado los detalles de esta estrategia.
En este sentido, la programación se desarrollará en dos fases. En la primera, entre 2025 y 2028, se abordará la planificación, la adquisición de suelo, la redacción de proyectos y los acuerdos con ayuntamientos. Posteriormente, en cuanto esté ya avanzada esta primera etapa arrancará la segunda, relativa a la ejecución de las obras de urbanización, la comercialización de las parcelas y a la ejecución de las edificaciones.
La conselleira ha indicado que “la previsión es conseguir 3,3 millones de metros cuadrados de suelo” y ha destacado que el suelo urbanizado se destinará a la construcción de vivienda de promoción pública, que llevará a cabo el Instituto Galego de Vivenda e Solo, y de promoción autonómica, que abordarán promotores y cooperativas.
Para las 20.000 viviendas protegidas se estima una distribución territorial de 4.320 viviendas en el área urbana de A Coruña; 1.600 en las de Lugo y de Ourense, respectivamente; 1.760 en la de Pontevedra; 7.360 en el área urbana de Vigo; 2.000 en la de Santiago; 960 en la de Ferrol y 400 en Vilagarcía de Arousa.
La conselleiro ha explicado que estas siete grandes ciudades, junto con la comarca de O Salnés, fueron los lugares “donde más demanda registró el estudio urbanístico realizado”.
De este total de viviendas, parte ya está en fase de desarrollo, de manera que 3.452 ya están planificadas en las áreas urbanas de A Coruña (500); Lugo (370); Vigo (1.600) y Ferrol (982), mientras que las restantes 21.548 se habían planificado en el marco de la puesta en marcha de la estrategia.
Desarrollo de las fases
En la etapa de planificación de la primera fase, será el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) el que delimitará ámbitos de actuación con destino mayoritario a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública en aquellas localidades en las que esté acreditada una demanda a través del Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade y establecerá una planificación de los suelos que van a desarrollar las localidades, que están centrados en las grandes ciudades.
Para la determinación de las áreas en las que es necesario acometer de forma urgente estas actuaciones, se utilizará el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia y los criterios y objetivos generales de las directrices de ordenación del territorio que identifican las regiones y áreas urbanas.
Se tendrá en cuenta la idoneidad de las zonas de actuación respecto de su situación en la ciudad y las prescripciones del plan general para cada sector. Además, en esta fase de planificación, la Xunta prestará espeical atención a la promoción de la vivienda destinada a la gente joven, buscando las características que se adapten a sus necesidades.
Los ayuntamientos podrán participar en el impulso y desarrollo de estas actuaciones, aportando una parte de los fondos necesarios para su ejecución y obteniendo el suelo que proporcionalmente le corresponda con base en su aportación”.
Los siguientes pasos de la primera fase serán la “redacción y tramitación” por parte del IGVS, de los proyectos de interés autonómico, que serán aprobados por el Consello de la Xunta, y la posterior adquisición de suelo del ámbito.
Para la segunda fase quedará la tramitación de los proyectos de urbanización, que serán autorizados por la Consellería tras la audiencia a los ayuntamientos afectados, y a la posterior licitación de las obras de urbanización. Una vez iniciadas, se realizará el concurso público de adjudicación de suelo, que se ofertará por un precio fijado conforme una tasación realizada con precios de mercado.
Las promotoras adjudicatarias deberán realizar las obras de edificación en un plazo máximo de tres años, mientras que el IGVS iniciará en tres años desde el fin de las obras de urbanización la construcción de las viviendas de promoción pública en las parcelas reservadas para ese fin.
