La izquierda ultramontana ha vuelto a quedar estos días atrapada en sus propias contradicciones. Pese a pregonar a los cuatro vientos su defensa cerrada de la sanidad pública, la postura de Yolanda Díaz y sus acompañantes en ese viaje hacia ninguna parte que ha emprendido Sumar acerca de dos asuntos de índole económica podría poner en jaque, paradójicamente, a la llamada joya del estado del bienestar en España. Se trata de la reforma de la gestión de la Incapacidad Temporal y la renovación del concierto con Muface. ¿Qué tienen que ver ambas con el devenir de la sanidad pública y su posible estallido en tiempos no muy lejanos? Absolutamente todo. Vayamos por partes.
Los miembros del partido de la todavía vicepresidenta segunda del Gobierno han puesto el grito en el cielo ante las intenciones de la ministra socialista Elma Saiz de someter a debate la flexibilización de las bajas laborales. Se trataría de un cambio tibio ante la dimensión de la bola de nieve que se ha formado desde la pandemia y que ya aplasta las arcas públicas y la productividad de las empresas. Los datos de Randstad revelan que en el primer trimestre de este año el número de bajas por enfermedad en España equivale a que cada día 1,4 millones de personas se ausentaron de su puesto de trabajo, cifra que duplica la que se contabilizaba hace solo 11 años. Más allá de los casos atribuibles a la picaresca, que los hay, y en abundancia, muchos de los trabajadores que se encuentran de baja médica lo están porque aguardan una consulta diagnóstica, una prueba o una intervención quirúrgica en un sistema sanitario en el que se han disparado las listas de espera. En España se ha llegado a un punto en que el absentismo laboral engorda dichas listas y éstas, a su vez, agigantan el problema del absentismo, en una suerte de pescadilla que se muerde la cola al que nadie pone remedio: ni los Ministerios de Sanidad y Seguridad Social, ni las autonomías. Numerosos expertos reclaman desde hace años que las mutuas de accidentes de trabajo, en tanto entes adscritos a la Seguridad Social, intervengan más en la gestión de los procesos y participen en mayor medida en la decisión de las altas, pero el inmovilismo de la izquierda más recalcitrante lo ha impedido hasta ahora, alegando una supuesta indefensión de los trabajadores, en tanto que las mutuas también están ligadas a las empresas que los emplean. La reforma propuesta por Saiz no va en esa línea, pero sí abre un melón hasta ahora intocable, algo que las huestes de Díaz no quieren, mientras asisten impasibles a una degradación del sistema sanitario que debería evitar su compañera ideológica y ministra del ramo, Mónica García.
El otro cambio que golpearía irremisiblemente a este depauperado sistema sanitario es el de la muerte del modelo Muface. El dinero que aporta el Estado a las aseguradoras que prestan la asistencia a los funcionarios no basta para cubrir los servicios. El encarecimiento de los precios, el envejecimiento de las plantillas de empleados públicos y esa escasa cantidad presupuestaria inyectada pueden hacer que estalle este sistema sui generis. ¿Qué ocurriría entonces? Qué alrededor de 1,6 millones de mutualistas y beneficiarios quedarían transferidos automáticamente a la sanidad pública, abocando al colapso de esa joya que Díaz, Ione Belarra y García tanto dicen defender. Quizás por tener conciencia de todo esto, la ministra de Sanidad ha decidido ponerse de perfil.
