El controvertido activista Luis Alvise Pérez logró el domingo un escaño en la Eurocámara con Se Acabó la Fiesta tras quedar sexto con más de 800.000 votos.
Con ello, disfrutará de un aforamiento que obliga a que sea juzgado ante el Supremo en las causas que tiene pendientes. Él mismo dijo que optó por presentarse ahora «para protegerse judicialmente» ya que presupone que el alto tribunal le ofrece mayores garantías.
También gozará de inviolabilidad, que impide que sea detenido o juzgado por opiniones o votaciones en el ejercicio de su acta, y de una inmunidad que imposibilita que sea que pueda ser investigado o procesado por una instancia judicial superior sin que sea previamente autorizado por el Parlamento Europeo.
En su pasado judicial pesan varias condenas y denuncias de políticos y periodistas.
La primera vez que se conoció una sentencia en su contra fue por haber asegurado que la exalcadesa de Madrid Manuela Carmena tenía un respirador en su casa «para evitar ir a un hospital público y hacer cola» durante la Covid. Tuvo que indemnizarle con 5.000 euros por violar su honor.
El periodismo no se salvó. La periodista Ana Pastor le denunció año por intromisión al honor después de que difundiese en Twitter y Youtube contenido que le acusaban a ella y a su empresa, Newtral, de haber incurrido en irregularidades fiscales y contables.
Esta vez, la sentencia que condenaba a Alvise a pagarle 1.000 euros acabó siendo anulada en el Supremo al estar amparado por la libertad de expresión.
En la otra causa, sin embargo, fue condenado a compensarle con 10.000 euros tras haber difundido sin permiso y contra su intimidad imágenes de ella y su marido, Antonio García Ferreras, cenando en un momento privado de su vida con el fundador de la ONG Open Arms, Òscar Camps, en un restaurante de las Islas Baleares.
Con el exministro socialista José Luis Ábalos también se las vio en los tribunales. El activista puso en duda el estado de su «salud mental» y adjuntó varias imágenes que recogían, según él, cómo había pasado «toda la tarde mirando fijamente un par de pájaros enjaulados».
Ábalos estuvo a punto de conseguir que le sentenciasen a pagarle 60.000 euros por violar su derecho al honor, pero un error de forma en la notificación obligó a repetir el juicio.
Otro exministro socialista, en este caso, Salvador Illa, se querelló porque publicó una PCR falsa del candidato del PSC con la intención, según la Fiscalía, de «perjudicarle» en las catalanas de 2015.
Alvise admitió la culpa, que no verificó la veracidad de la información, pero negó su autoría en la fabricación.
