El «caso ERE» sigue abriéndose camino en un proceso lleno de primeros pasos. Las nuevas sentencias que debe dictar la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla tras remitir a su origen el caso del «procedimiento específico» de los Expedientes de Regulación de Empleo fraudulentos por parte del Tribunal Constitucional (TC) correrán a cargo de las dos magistradas de la sala que juzgó la causa que siguen en activo: las juezas Pilar Llorente y Encarnación Gómez Casielles. El que fuera presidente de la Sala, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, está jubilado, En un acuerdo emitido el pasado 8 de julio el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, expone esta decisión sobre las dos magistradas.
Cuando estén todas las notificaciones del Constitucional en la Audiencia, ya para después del verano al ser agosto inhábil, se constituirá la sala. Posteriormente, se determinará el procedimiento judicial y si se dará vista a las partes, mediante convocatoria o alegaciones por escrito. La deliberación, previsiblemente, se postergará «meses» y podría haber una sentencia o varias.
La resolución, a la que accedieron Efe y Ep, da cuenta «del escrito presentado por la magistrada Pilar Llorente acerca de la composición del tribunal que debe dictar el fallo requerido por las sentencias del Tribunal Constitucional en los procedimientos de los ERE». «Habida cuenta de la situación en la que se encuentran los otros dos magistrados que celebraron el juicio, ante la ausencia e imposibilidad de Calle Peña se decidirá el asunto por las otras dos magistradas que hubieren asistido a la vista, si bien con carácter previo la magistrada Gómez Casielles deberá solicitar a esta Sala de Gobierno la correspondiente autorización de actuación al estar destinada fuera del ámbito del TSJA», señaló Del Río. Se da la circunstancia de que sólo una de los tres magistrados que en su momento dictaron la sentencia sigue en la Audiencia.
Así, la Audiencia dictará una nueva sentencia después de que el tribunal de garantías revisara las condenas. Hay certezas como que Griñán, que no entró en la cárcel por la enfermedad que padece, no pisará la prisión definitivamente al anularse la malversación. Otros ex altos cargos han visto anuladas o reducidas sus condenas de malversación y cinco han salido ya de prisión, como la exconsejera Carmen Martínez Aguayo, que estaba en régimen de tercer grado. Al ex consejero de Empleo Antonio Fernández le «reducirán» la pena pero no se anulará la cárcel. La condena de Chaves a nueve años inhabilitación debe ser «reducida», también la de Magdalena Álvarez o Griñán. La nueva sentencia de la Audiencia no será el final de esta pieza de los ERE, al ser recurrible. Aparte, la causa tiene más 130 piezas pendientes de juicio.
El 13 de diciembre de 2017 comenzó el juicio del «procedimiento específico» de los ERE, cuya fase oral acabó más de un año después: el 17 de diciembre de 2018. La sentencia de la Audiencia de Sevilla se notificó en noviembre de 2019. La del Tribunal Supremo, el 26 de julio del año 2022. Este julio de 2024 se ha consumado la revisión del Tribunal Constitucional, aceptando en parte los recursos de una docena de condenados, con la salvedad del ex director de Trabajo Juan Márquez; el ex viceconsejero Agustín Barberá, que no recurrió al TC; y el ex consejero José Antonio Viera, cuyo recurso fue rechazado por un error de forma «insubsanable».
