La Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, bajo cuya tutela se han puesto las clarisas de Belorado y Orduña, acusa al Arzobispado de Burgos de intentar imponer el Derecho Canónico para disolver la comunidad religiosa a través de la excomunión y quedarse con los conventos, y avanza que no entregarán las llaves ni se presentarán ante el Tribunal Eclesiástico.
Así lo aseguró ayer en declaraciones a EFE José Ceacero, miembro de la Pía Unión erigido en portavoz de las monjas, quien ha insistido en que las clarisas ya no reconocen la autoridad del arzobispo de Burgos, Mario Iceta, por lo que no van a atender a ninguno de los requerimientos que formalmente les hizo el pasado día 6.
«No van a entregar las llaves y menos con un requerimiento canónico», afirmó, en referencia a la petición de que entreguen una copia de las mismas a Iceta, nombrado comisario pontificio por la Santa Sede, lo que le da plenos poderes administrativos, patrimoniales y religiosos sobre la comunidad, según el Arzobispado.
Ceacero ha recordado que el Manifiesto Católico y, posteriormente, la carta pública han sido la forma en la que las monjas han comunicado su salida de la Iglesia, y la prueba de que «ya no reconocen la autoridad del arzobispo» por lo tanto no se van a someter a ella, porque sería una incongruencia.
De ahí que tampoco tengan intención de atender el requerimiento para que se presenten ante el Tribunal Eclesiástico para reafirmarse y retractarse de lo que el Código de Derecho Canónico considera un delito de cisma, que acabaría en la excomunión de las religiosas. Para Ceacero, Iceta intenta imponer el Derecho Canónico por encima del Civil como única forma de quedarse con los monasterios de las monjas, inmuebles que están a nombre de la entidad jurídica que constituye la comunidad de religiosas, recordó, y no de la Iglesia católica.
«Tiene que hacer valer el derecho canónico y, lo primero, es quitarse de en medio a la abadesa. Lo segundo, interrogar una por una a las monjas para que se ratifiquen en su posición y excomulgarlas una por una» porque no cabe una excomunión en grupo, aseveró.
Según Ceacero, llegado a ese punto, el arzobispo podría, sirviéndose del Derecho Canónico, disolver la comunidad para que sus bienes pasasen a la Federación de Clarisas, una «trama inmobiliaria» que no respeta el derecho fundamental de libre asociación de las religiosas.
Los requerimientos comunicados por el arzobispo de Burgos el pasado jueves, como comisario pontificio, han ido precedidos de acciones como el control de las cuentas del monasterio, que según las monjas les han sido «usurpadas» pero que el Arzobispado considera que están «tuteladas», dentro de las funciones administrativas que le corresponden a Iceta.
José Ceacero insiste en que tienen las cuentas «bloqueadas», no pueden sacar dinero y las monjas están «abandonadas a las manos de Dios», si bien fuentes del Arzobispado han asegurado que pueden solicitar recursos a través de la Federación de Clarisas y que se siguen pagando nóminas y recibos domiciliados.
El portavoz de la Pía Unión pronostica una «guerra larga», en la que se ganarán y perderán batallas, toda vez que las religiosas han denunciado a Iceta por abuso de poder, usurpación de la representación legal y vulneración del derecho de libre asociación.
La denuncia abre un proceso judicial que se prolongará en el tiempo mientras que el canónico tiene plazos más inmediatos: la copia de las llaves deberían haberse entregado ayer; y las religiosas tiene hasta el 16, las tres que firmaron la denuncia, y el 21, el resto, para presentarse ante el Tribunal Eclesiástico.
