Diez años después de que la policía desarticulara una trama de explotación sexual de menores en Murcia, el juicio contra los hombres que pagaron para prostituir a las adolescentes ―de entre 15 y 17 años en esa época― y quienes las captaron ha despertado una polémica social por el procedimiento seguido —una sentencia de conformidad entre la fiscalía y los acusados— y por las penas que cumplirán los condenados, que no entrarán en prisión, pese a que las peticiones iniciales eran elevadas. Ninguna de las 11 adolescentes se personó como acusación en ese juicio ni fueron informadas del acuerdo de conformidad entre los abogados de los acusados y la Fiscalía, sellado el pasado 11 de septiembre. El tribunal solo ha escuchado a las víctimas hace unos días, una vez que la sentencia era firme.
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