El Gobierno se ha resignado a retirar de la tramitación parlamentaria la senda de estabilidad, paso previo en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), para evitar una nueva derrota en el Congreso a manos de la oposición, pero, fundamentalmente, de uno de sus socios de investidura, Junts, dispuesto a doblar el brazo del Ejecutivo para asegurarse no sólo nuevas concesiones financieras, sino argumentativas de las supuestas cloacas criminales del Estado.
La reacción gubernamental ha estado en su línea habitual, es decir, apelar a un supuesto diálogo con sus revoltosos socios, que podemos traducir por imposición, y cubrir de insultos a la oposición del Partido Popular, culpable, al parecer, de que las huestes de Carles Puigdemont se sientan engañadas por La Moncloa. Ciertamente, en otros tiempos, que un gobierno no lograra sacar adelante los Presupuestos condenaba la legislatura, pero en la España actual el sanchismo considera la prórroga de los PGE como algo sin mayor importancia, convencido de que siempre se pueden hallar fórmulas para saltarse los límites de gasto.
Y sin embargo, el establecimiento de las cuentas públicas es una de las decisiones políticas más trascendentales que tiene que adoptar un gobierno. Más aún, cuando Bruselas vuelve a la senda de reducción del déficit público tras más de un lustro de «barra libre» de deuda. La elaboración de los PGE obliga, además, a un ejercicio de análisis de las condiciones económicas, financieras y sociales a medio plazo, que si parte de las premisas adecuadas –no lo es, por ejemplo, sostener un futuro crecimiento del PIB en una reducción del desempleo que habita en el reino de la fantasía gubernamental– se convierte en un instrumento esencial de progreso.
Pero nada de esto importa o, de lo contrario, un gobierno en minoría parlamentaria, como el actual, negociaría con una oposición que, por ende, es responsable de la gestión presupuestaria en la mayoría de las autonomías y de los grandes y medianos ayuntamientos, obligada por lo tanto a equilibrar las demandas de territorios muy diversos y con particulares condiciones económicas y sociales.
No hablamos de imposibles o de relatos de ciencia ficción, porque la excepción es el trato despectivo y despreciativo, insultante, que sufre la oposición en España por parte del Gobierno mientras que la regla en los países de nuestro entorno es la disposición negociadora con los adversarios en los asuntos importantes. Finalmente, y es sólo una reflexión, tal vez Pedro Sánchez considere que amenazar a Junts y al resto de los socios de investidura con finalizar la legislatura y convocar elecciones puede allanarle el camino a los PGE, pero el problema es que su presunta voluntad de abandonar La Moncloa carece de la más mínima verosimilitud.
