Hay desventuras que se leen en los libros de historia y que pocas veces el lector actual cree que vaya a ver en su tiempo. Los parlamentos tienen una larga historia de resistencias por parte de algunos reyes que, en su día, se negaban a cumplir sus leyes. También se resistieron a veces los jueces, que eludieron de un modo u otro aplicar las leyes que el parlamento aprobaba. El siglo XVII inglés es apasionante en este sentido, puesto que esas rebeldías provocaron, no solamente el escándalo de propios y extraños, sino la decapitación de un rey, la expulsión de otro, la prisión de varios diputados y hasta una guerra civil. De hecho, es en lo sucedido en este siglo en aquello que particularmente se fijó Montesquieu inicialmente, y Rousseau después, para decir aquello de que el juez es la boca que pronuncia las palabras de la ley, destacando así su misión siempre prudente y vigilante para no alterar, y sobre todo para no manipular, los mandatos del Parlamento. Rousseau fue todavía más contundente advirtiendo de los peligros de un poder judicial desbocado, puesto que incluso llegó a recomendar que el oficio de juez no fuera permanente, a fin de evitar el enseñoramiento de algunos togados en sus cargos. Después de todo ello, y pese a que esas ideas pusieron las bases de lo que hoy conocemos, no ya como división de poderes, sino directamente como independencia judicial, han existido diversos ataques a la voz de los parlamentos tanto desde los gobiernos como, nuevamente, desde el poder judicial. Y siempre han acabado mal, de una manera u otra, a corto, medio o largo plazo, pues de todo ha habido.
Ley de amnistía: el Tribunal Supremo se resiste
