La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, anunció tras la reunión del Consejo de Gobierno que “a partir de la próxima semana” irán llegando a Castilla y León los 44 menores migrantes asignados a la Comunidad fruto de los acuerdos de solidaridad interterritorial sellados a finales de 2023 y este mismo año.
En declaraciones recogidas por Ical, Blanco recordó que 23 de esos menores corresponden a 2023. “Fue un acuerdo sellado a finales de año, en el cual Castilla y León, dentro de su apuesta por la solidaridad, remitió el convenio firmado a Canarias el pasado mes de marzo, y ellos nos lo han devuelto el 4 de julio. Se trata de menores cuya tutela corresponde a Canarias, ellos nos la ceden y nosotros la aceptamos”, relató.
Respecto a los 21 menores asignados este año, explicó que ya se ha remitido el protocolo firmado a Canarias, que lo ha devuelto por lo cual empezarán a llegar “a partir de los próximos días, en función de la disponibilidad de Canarias para gestionar el viaje hasta Madrid, ya que a partir de su llegada a la capital de España es cuando la Junta les recoge y asume su tutela.
Inquirida sobre si ya está decidido el reparto por provincias de estos jóvenes, Blanco apuntó que “se incorporarán a las provincias en función de la disponibilidad de plazas que vaya surgiendo”, y recordó que “los recursos están tensionados”, ya que “las plazas están ocupadas”, y adelantó que, “si es preciso, se incorporarán provisionalmente en plazas dentro del sistema de protección”.
“Los menores migrantes que llegan a Castilla y León no lo hacen solo a través de Canarias o Ceuta, sino que también llegan de forma ordinaria e individual, así que el reparto de plazas ahora mismo no se puede cuantificar por provincias”, señaló.
Libertad de prensa
Por otra parte Carlos Fernández Carriedo recalcó la posición del Gobierno autonómico de “clara defensa de la libertad de opinión y de prensa” frente al Plan de regeneración democrática propuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Cualquier medida que pueda suponer una reducción de la capacidad de prensa y de opinión nos parece inadecuada”, valoró.
Según apuntó, en declaraciones recogidas por Ical, son varios los representantes del periodismo que han manifestado que “no les gusta parte de lo que se plantea”, y a su juicio actualmente existen “medios suficientes en el estado de derecho y en el Código Penal para garantizar el derecho al honor y la defensa de la verdad”.
“Esperamos que la regeneración democrática no sea colonizar las instituciones ni lo que nos plantea hoy el Gobierno de España porque, muy al contrario, cuanto mayor pluralidad de medios exista, mucho mejor”, valoró.
En ese sentido, se refirió al reciente primer informe de transparencia del Observatorio de Medios, una iniciativa impulsada por la Fundación Haz y el ‘think tank’ Ethosfera que analiza el grado de transparencia de las autonomías a la hora de informar sobre los criterios y el destino de la inversión publicitaria, según el cual Castilla y León es, junto con Murcia, la región más transparente en la gestión de su publicidad institucional.
Carriedo reconoció que a la Junta le “preocupa” la posibilidad de que los medios con menos volumen de lectores resulten los “más perjudicados” por el Plan de regeneración democrática. “En el ámbito local hay muchos medios que, por su tamaño, tienen menos lectores que los de las localidades más pobladas. No queremos deducir que lo que plantea Sánchez sea un perjuicio para los medios de ámbito más local, porque son los más cercanos a los ciudadanos y resultan vitales en una democracia”, advirtió.
