La cuota voluntaria de las familias en los colegios concertados vuelve a convertirse en objeto de análisis y polémica. Las Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) ha presentado su noveno estudio sobre “Estudio de cuotas y precios en colegios concertados”, que vuelve a poner en entredicho el cobro de cuotas en centros educativos sostenidos con fondos públicos. El estudio revela que el 79,4% de los colegios analizados imponen una cuota base a las familias, y en el 72% de los casos, este pago no es voluntario, lo que consideran que “contraviene el derecho a la gratuidad en la enseñanza obligatoria”.
El análisis, que tiene la particularidad de que no ha contado en esta ocasión con las asociación de padres más grande (Ceapa), está basado en entrevistas realizadas durante el proceso de matriculación, repara en las justificaciones que los centros ofrecen a las familias para exigir el pago, la obligatoriedad de las cuotas y las consecuencias para quienes no pueden afrontarlas. La directora de CICAE, Elena Cid, destaca que el estudio “expone las presiones a las que se ven sometidas las familias en muchos colegios, donde el pago de cuotas es percibido como una contraprestación necesaria para la enseñanza”.
El estudio también ha analizado el comportamiento de los colegios según su titularidad. Los centros de propiedad mercantil, como bien podrían ser cooperativas, son los que cobran las tarifas más altas, con una media de 108,38 euros mensuales. En contraste, los colegios gestionados por congregaciones religiosas, que son mayoría, imponen cuotas más bajas, con un promedio de 60,10 euros al mes.
Entre los colegios organizados como sociedades anónimas, cooperativas o sociedades de responsabilidad limitada, se registran mayores índices de obligatoriedad en el pago de las cuotas. En las cooperativas, esta obligatoriedad alcanza el 84%. Así, el 68,6% de los centros no menciona en ningún momento que el pago sea voluntario, y solo el 19,4% lo refleja en la documentación entregada a las familias, expone.
Exclusión por impago
Uno de los datos más alarmantes para la asociación de colegios privados es que el 14% de los colegios concertados excluyen a los alumnos cuyos padres no pagan la cuota, un porcentaje que se eleva hasta el 31% en algunos centros de la Comunidad de Madrid.
A esto se suma, según Cicae, que seis de cada diez colegios concertados no informan adecuadamente sobre las cuotas en sus páginas web. Un análisis de las 100 webs de centros con las tarifas más elevadas en Madrid, realizado en el marco de este estudio, concluye que más de la mitad no detalla la cuota que las familias deben abonar. Solo el 42,42% publica los precios de todas las actividades y servicios complementarios, mientras que el 25% ofrece información incompleta.
El informe también recuerda la reciente normativa publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), que exige que los colegios sostenidos con fondos públicos publiquen en sus webs los precios de todas las actividades complementarias y servicios extraescolares, una exigencia que muchos centros aún no cumplen.
Diferencias autonómicas
Por comunidades autónomas, Cataluña encabeza la lista de las cuotas más altas, con un máximo de 510 euros mensuales. Le siguen la Comunidad Valenciana (450 euros), Madrid (252 euros), Galicia (245 euros) y el País Vasco (224 euros).
En la Comunidad de Madrid, el 99% de los colegios concertados visitados cobran una cuota base a las familias, y más de la mitad de estos centros imponen una cuota superior a los 150 euros mensuales. En Cataluña, el 98,28% de los colegios también cobran cuotas, con una media mensual de 246,37 euros. En el País Vasco, el 100% de los colegios imponen cuotas, y en algunos casos, las cooperativas exigen aportaciones que superan los 800 euros.
El estudio también revela que el 64,2% de los colegios en Madrid y el 71,4% en Cataluña aumentan sus cuotas cada año. Esto hace que, sumando otros servicios, la educación en un colegio concertado pueda llegar a costar entre 5.000 y 6.000 euros al año en estas comunidades.
“Confunden a la sociedad”
El informe ha generado ya reacciones, como la de Escuelas Católicas, quien considera que informes como este “lo que intentan es confundir a la sociedad y dar la imagen de que toda la concertada incumple las normas del concierto. Sin embargo, en nuestros colegios, las aportaciones son voluntarias, las familias están informadas y colaboran los que quieren colaborar”, explica Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas. Centeno detalla que hay muchos colegios en los que solo el 30% de los padres colaboran con la cuota voluntaria. Sin embargo, considera que la asociación de colegios privados “debería gastar el dinero que emplea en este estudio en calcular el coste del puesto escolar, porque así sabríamos cuanto beneficio obtienen porque con estudios como éste lo único que persiguen es eliminar la competencia de los centros concertados”. El portavoz de escuelas católicas asegura que la cuota media voluntaria en sus 3.000 colegios es de 28 euros al mes”. Dicho esto, también asegura que “si hay colegios que imponen cuotas obligatorias, que se actúe contra ellos”.
“Rescate” del Ministerio
Otra visión es la que contempla el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que podría salir al «rescate» desde octubre de la escuela concertada, en la que estudia el 33% del alumnado, al encontrarse en una «situación comprometida» por la baja natalidad, que supone una bajada en la cuota de alumnos de hasta el 30%, lo que ha provocado un pequeño goteo de cierre de colegios. Y es que si en la pública la Administración se gasta 7.899 euros por alumno, en la concertada la cantidad no llega a los 3.000, según el promedio que se maneja. Los centros están ya acusando el menor poder adquisitivo de las familias por la inflación y eso se traduce en que obtienen menos ingresos extraordinarios por servicios complementarios que vienen ofertando (gabinete psicológico, venta de libros, uniformes, aportaciones económicas voluntarias de las familias…).
A lo largo del mes de octubre, el Ministerio de Educación y FP tiene previsto crear mesas técnicas con un calendario de negociaciones de tal manera que se pueda hacer un análisis de la situación. Se trataría de la primera vez que se aborda el estado de la escuela concertada desde la época del exministro socialista Ángel Gabilondo. Uno de los asuntos objeto de negociación será la actualización de los módulos de los conciertos, es decir, el dinero que recibe la concertada del Estado.
