La inversión en obra pública alcanzará este año los 2.180 millones de euros, ligeramente por debajo de los 2.419 de este ejercicio, según los datos de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, que calcula que se adjudicarán proyectos por importe de 1.576 millones, frente a los 1.958 millones de 2023, de forma que el grado de cumplimiento de lo anunciado se situarán en el 64 por ciento.
Hoy, el presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, presentó el balance de la licitación de obra oficial en la Comunidad durante 2023, cuando se licitaron 2.419 millones, un 43 por ciento más que en 2022 y también por encima de los 2.322 millones previsto en los presupuestos. Además, se adjudicaron un total de 1.958 millones, con un grado de cumplimiento del 84 por ciento.
Enrique Pascual aseguró que 2023 fue un “buen año” y añadió que están “muy contentos” porque las cifras de inversión han ido aumentando “con fuerza” y remontando, por lo que confió en que la suma total se estabilice en unos 3.500 millones anuales, aunque para ello advirtió de que será necesario solventar una serie de .
También el presidente de la Cámara de Contratista reclamó a las administraciones que cumplan sus previsiones en obra pública, por su impacto en el sector productivo, y remarcó que en 2023, la Administración central licitó 1.195 millones y adjudicó 982 millones, un 101 por ciento más, algo que señaló no suele producirse.
De la misma forma, apuntó que la Junta licitó 707 millones de los 871 millones previstos, pero la adjudicación cayó hasta los 632 millones, en lo que influyó las bajas, por lo que el índice de cumplimiento se quedó en un 73 por ciento. Además, la local sacó a concurso 517 millones y adjudicó en 344 millones, lo que arroja un cumplimiento del 72 por ciento.
Retroceso en 2024
Respecto a 2024, los presupuestos anuncian 2.475 millones según la Cámara de Contratistas, que estima que se terminará licitando 2.180 millones. De esta cantidad, calcula que Administración central licitará 900 millones y adjudicará 630, con un índice de cumplimiento del 65 por ciento, seguida por la Autonómica, que sacará a concurso 780 millones y adjudicará, 546, un 54 por ciento, mientras la local buscará contratista para proyectos por importe de 500 millones, por encima de los 400 que adjudicará, por lo que el cumplimiento ascenderá al 80 por ciento. En conjunto,
Este año, señaló Enrique Pascual, contemplan un “retroceso” en la inversión pública ya que prevén menos licitación y un índice de cumplimiento en valores porcentuales más habituales, en el entorno del 64 por ciento. En la segunda mitad del año, añadió, la actividad irá “un poco más ralentizada”, si bien señaló que no se producirán “grandes inconvenientes”.
Además, señaló que este año las obras desiertas rondarán el seis por ciento, ya que de enero a abril 551 no recibieron ofertas de las empresas, un 7,99 por ciento, lo que contrasta con las 3.756 de 2023, un 5,35 por ciento. “Es un drama”, dijo. “El que le toque la china lo tiene claro”, añadió para recordar que esto se solucionaría actualizando los presupuestos a “precios de mercado”, ya que denunció existe un “desfase”.
También avanzó que pedirán a las administraciones planes de incentivos para captar mano de obra ya que contemplan que este año el sector, tanto en la rama pública como privada, bajará de los 70.000 trabajadores en la Comunidad, ya que reconoció les cuesta encontrar personal cualificado.
“España infraconstruye”, reiteró según los análisis de la Unión Europea, y situó el origen de esta cuestión en la anterior crisis económica, en la etapa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que conllevó a una destrucción del 50 por ciento del tejido productivo y una caída del volumen de negocio, que tocó suelo en 2013 en 4.438 millones, pero que en 2022 se redujo de nuevo, hasta los 5.861 millones. Esto, añadió el presidente de la Cámara de Contratistas, supone una hipoteca de futuro, que no permite resolver tener elecciones cada pocos meses.
Sobre los fondos europeos, Enrique Pascual apuntó que están llegando a “cuenta gotas” porque el Estado español no estaba preparado para la carga administrativa que conlleva la asignación de fondos hecha al país. También consideró que el país se ha centrado en resolver una cuestión, que no quiso citar, y ha dejado en un segundo plano la economía.
