Andrés Góngora cultiva sandías y melones en Almería pero sorprendentemente no puede decir si la campaña de este verano ha sido buena o mala. “Ha sido una locura. No soy capaz de catalogarla, empezó muy mal. La sandía extratemprana suele valer dinero, pero el 15 de mayo los precios estaban hundidos. Luego subieron. Hemos tenido precios dentro de la misma semana que han variado un 50% y es extraño, porque la sandía no es un producto muy perecedero”. El también responsable de COAG en la provincia explica que lo mismo pasa últimamente con el resto de la fruta, incluso con los cereales y frutos secos, que tradicionalmente son más estables: “Te desquicia”, resume.
La Ley de la Cadena Alimentaria, una medida controvertida
La Ley de la Cadena Alimentaria es, al menos sobre el papel, una de las disposiciones más importantes para asegurar rentas en el sector agrario desde la transparencia y el equilibrio entre las partes. En la práctica, sin embargo, sigue siendo un reto pendiente que no equilibra las fuerzas de vendedores y compradores ante la mayor debilidad de los agricultores, sobre todo con los productos perecederos agrícolas, y los limitados recursos en control y sanciones de las Administraciones.
Su aplicación debería suponer que cada operador paga por un producto una cantidad, al menos, igual al importe de sus costes de producción. Ello supone que agricultores y ganaderos deberían percibir por la venta de sus productos una cifra que cubra sus gastos. “Aunque la renta agraria haya avanzado, el sector sigue con pérdidas, hay ejemplos de que la ley de la cadena no se cumple”, argumenta el secretario de organización de Asaja, Juanjo Álvarez. “La ley tiene que ser eficiente. Que, más o menos, un tercio [de los beneficios] vayan al productor, un tercio a la industria y un tercio distribución”.
Esta disposición, de agosto de 2013 con Miguel Arias Cañete como ministro de Agricultura y su desarrollo con Isabel García Tejerina en el cargo, entró en vigor en 2014. En diciembre de 2021, con Luis Planas en el cargo, se reforzó incorporando al texto la directiva comunitaria sobre prácticas de comercio desleales. Funciona gracias a la Agencia de Información y Control de la Cadena adscrita al Ministerio de Agricultura donde tienen presencia otros departamentos ministeriales, de las comunidades autónomas y miembros de la cadena, desde la producción a la distribución.
La agencia vigila que las operaciones de compraventa se hagan bajo contratos por escrito cuando el volumen supere los 1.000 euros, contratos que se deben remitir al correspondiente registro. Los contratos deben contemplar además otras condiciones, como la duración o periodos de entregas, y no se pueden modificar unilateralmente ni contemplar pagos adicionales o incluir información sensible para la empresa que podría utilizar la competencia.
La agencia, en sus actuaciones de inspección y control, puede operar de oficio o a instancias de las partes. En esta tarea, desde su constitución en 2014, ha realizado más de 5.000 inspecciones e impuesto más de 3.000 sanciones por un importe de 14 millones de euros. La mayoría se imponen porque no hay contratos o se incumplen los que hay, especialmente por los plazos de pago. De las más de 3.000 sanciones, a la cabeza se halla el sector de frutas y hortalizas con 1.600, seguido del vino con 460, leche con 400, aceite con 300 y carne con 152. De la suman total de las multas, 8,7 millones las ha tenido que asumir la distribución, 2,6 millones los mayoristas y 2,4 millones la industria. El sector primario tuvo una sanción de solo 87.000 euros. De entrada, los agricultores estiman que las Administraciones deberían haber reforzado más las negociaciones colectivas frente a las individuales para operar a un nivel de mayor igualdad. Se entiende que las diferencias de peso entre las partes a la hora de negociar no se solventan con una ley, sino con cambios de estructuras más profundos.
Aunque se protege la confidencialidad de la denuncias, no se ha potenciado su uso y dominan las de oficio. Hay recelo desde el sector o desidia a denunciar oficialmente. Tampoco los estudios sobre los costes se han actualizado y los planes de control son insuficientes para el volumen de operaciones. Y en el fondo subyace un problema de concepto que señala el catedrático Dionisio Ortiz: “No hay un coste, hay muchos costes. Uno de los retos es dar esa transparencia a esos costes. El problema es pensar que el sector agrario es monolítico”. Ortiz añade que frente a las explotaciones más débiles, un conjunto de operadores muy grandes está teniendo un comportamiento positivo por las economías de escala, sobre todo en el segmento hortofrutícola.
Para ser realmente eficaz, la ley necesita de un sector vendedor con una capacidad de negociación igual a la del comprador, lo cual supone un cambio que, por ahora, parece fuera del alcance del campo.
