Los hospitales públicos gestionados por operadores privados registran, por norma general, mejores indicadores que la media de los hospitales del Servicio Madrileño de Salud en eficiencia y atención al paciente (índice de satisfacción global, de recomendación global y de reclamaciones). Así lo muestra la investigación “Revisión bibliográfica de la Colaboración Público-Privada en Sanidad: impacto en indicadores sanitarios”, llevada a cabo por la Cátedra Extraordinaria de Salud Sostenible y Responsable de la Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), impulsada por la Alianza Española de la Sanidad Privada (ASPE), que ha analizado, además de datos públicos oficiales (como las listas de espera quirúrgicas por hospital o departamento de salud), 500 artículos científicos publicados en Europa sin encontrar evidencias de que de que la colaboración público-privada incremente la mortalidad evitable en España y otros países europeos.
El estudio, por tanto, contradice la afirmación que la ministra de Sanidad, Mónica García, hizo hace unos días para anunciar el inicio de los trámites parlamentarios de uno de sus proyectos “estrella”: la Ley de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. En concreto, García esgrimió artículos basados en el sistema sanitario de Reino Unido que, a su juicio, relacionaban la colaboración público-privada sanitaria con el aumento de la mortalidad evitable en sistemas sanitarios.
Sin embargo, los investigadores españoles determinan que “no se puede concluir una relación directa entre el incremento de la subcontratación a proveedores privados y el aumento de la mortalidad evitable” en ninguno de los dos artículos citados por la ministra, uno The Lancet y el otro del Journal of Epidemiology and Community Health.
Y es que el análisis es mucho más complejo de lo que argumentó la ministra. Tal y como señaló ayer en rueda de prensa el secretario técnico de la Cátedra, Daniel Pallarés, existe “una gran diversidad de factores” que determinan el funcionamiento y los resultados de los modelos de colaboración público-privada, tales como “la capacidad real del gestor, la personalidad jurídica, el entorno administrativo e institucional, la cultura del centro, las condiciones del contrato y la adecuada supervisión por parte del financiador de la calidad del servicio prestado por el gestor”.
Sesgo ideológico
Por otro lado, destacó que la ausencia de datos de referencia y la escasa información disponible es un tema indicado recurrentemente en los propios documentos analizados, “siendo necesario contar con más y mejores datos para obtener resultados concluyentes”. Estas limitaciones no permiten generalizar las conclusiones obtenidas ni extrapolarse a otros territorios o momentos. “La mayoría de la documentación existente se centra en analizar los diferentes modelos desde el punto de vista legal y, especialmente, ideológico, existiendo documentación a favor y en contra de la colaboración público-privada”, detalla el informe.
En opinión de ASPE, el proyecto de Ley de Gestión pública del SNS “busca acabar con los conciertos sanitarios y otros modelo de colaboración público-privada, a pesar de las graves consecuencias que tendría en salud ciudadana y coste económico”.
Caso de Madrid
La patronal de la sanidad privada española enfatizó en su escrito el caso de la Comunidad de Madrid a modo de ejemplo, en la que “cuatro de los cinco hospitales públicos gestionados por un operador privado (el Infanta Elena, el Rey Juan Carlos, el Hospital de Villalba y La Fundación Jiménez Díaz) presentan los menores índices agregados de mortalidad de toda la región, siendo sus ratios de mortalidad estandarizada (RME) inferiores a 1″·.
Ley del “No es no” al paciente
“No podemos permitirnos una ley que arrasa con una colaboración histórica y exitosa y con la salud del ciudadano, y que se convertirá en la ley del ‘No es no’ al paciente, al aumentar estrepitosamente las listas de espera, ya en cifras muy elevadas“, detalla Carlos Rus, presidente de la Alianza. Y añadió que “la eliminación de conciertos llevará de forma predecible e irresponsable a una situación de agravamientos de salud en cientos de miles de usuarios. La colaboración público-privada es la única alternativa para paliar esta situación».
