Los jueces mexicanos han dicho basta. Ante la inminente aprobación de la reforma integral de la Justicia en México, que incluye la elección por voto ciudadano de todos los ministros, jueces y magistrados, el Poder Judicial convocó a los mexicanos a echarse a las calles el pasado domingo para resistir la intención de Morena de democratizar el tercer poder.
La primera gran medida de la era Sheinbaum, presidenta electa que todavía no ha tomado posesión de su cargo, es la última herencia del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador. Aunque Claudia Sheinbaum jurará su cargo el 1 de octubre, el nuevo Congreso resultante de las elecciones del 2 de junio y con una previsible mayoría absoluta de Morena y sus aliados (Partido del Trabajo y Partido Verde) se constituirá en septiembre y en ese lapso de un mes podría dar luz verde al último estertor de AMLO, la remodelación del Poder Judicial con el fin de democratizar la justicia y eliminar la corrupción. La reforma, que ya ha recibido luz verde en comisión, podría debatirse en Pleno del Congreso en los próximos días.
Hace una semana, en una fecha insólita, inédita e histórica, el Poder Judicial de México se declaró en paro indefinido. A nivel internacional existen pocos antecedentes de huelgas judiciales y siempre por plazos específicos, a lo sumo varios días de duración.
La batería de reformas judiciales afecta directamente a los casi 1.700 jueces mexicanos y más de 55.000 empleados del Poder Judicial, la mitad de ellos serían cesados de sus funciones a partir de junio del 2025 y la mitad restante a partir de 2027, cuando se prevén que sean las elecciones extraordinarias para elegir a los impartidores de justicia.
«Detrás de todo esto hay una voluntad de control y subordinación del Poder Judicial a la clase política», expresa en declaraciones a LA RAZÓN Froylán Muñoz Alvarado, ex presidente nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (JUFED), organismo convocante de esta huelga.
«La reforma dejará desamparados a los ciudadanos. ¿Ante qué tipo de jueces van a resolver sus litigios? Ante jueces de partido», afirma. «¿Qué garantía de seguridad jurídica existe en un sistema que ha hecho borrón y cuenta nueva?», añade el magistrado en referencia a las consecuencias financieras y económica que conllevará la medida legislativa. De aprobarse esta nueva ley, cualquier ciudadano mexicano licenciado en Derecho, con una nota media de 8 y que haya ejercido como abogado podría presentarse a las elecciones para ser juez.
En México, para una reforma constitucional aprobada por el Poder Legislativo, no cabe recurso o amparo en sede nacional; el Poder Judicial tendría que reclamar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana.
EE UU, el principal socio comercial de México, también ha sido explícito. En el ámbito diplomático son excepcionales las opiniones rotundas sobre cuestiones nacionales, pero el embajador de Washington en México no ha podido ser más claro. «La elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia de México. Cualquier reforma judicial deber tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política», aseguró Ken Salazar.
En plena campaña electoral en el vecino del Norte, el embajador advirtió de que esta reforma «amenaza la histórica relación comercial, que depende de la confianza de los inversores en el marco legal de México». «Debilitaría los esfuerzos para hacer realidad la integración económica de América del Norte y crearía turbulencia», añadió Salazar. «Las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los cárteles y otros actores malignos aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas», añadió el embajador, un hombre de leyes que fue fiscal general de Colorado. Ante las críticas a la reforma, AMLO ha decidido pausar las relaciones con EE UU y Canadá.
A nivel internacional, son contados los países donde los ciudadanos eligen directamente a sus jueces. El ejemplo más reciente es el de Bolivia, donde el expresidente Evo Morales impulsó una reforma para evitar una justicia que favoreciera a las élites y los poderosos.
“La reforma en México no va a prosperar porque es una propuesta inconstitucional e inconvencional. Ataca directamente la división de poderes y los principios como la independencia y la autonomía judicial. Tiene transcendencia social, económica y de política internacional. Todo dependerá a la postura de los juzgadores mexicanos. Solo queda la resistencia.”, concluye el magistrado Muñoz Alvarado.
