La versión oficial que ayer dio la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, sobre el estado de la defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, no se ajusta literalmente a lo que comentan algunos ministros y a lo que se escucha entre algunos dirigentes de la cuerda de Pedro Sánchez. La estrategia de defensa de Begoña Gómez empieza a estar en la picota, tanto en el plano político como judicial.
La decisión de la Audiencia de Madrid de acotar, pero avalar, la investigación del juez Peinado ha servido para apuntalar las dudas que ya existían entre algunos de los que cuentan con más conocimientos jurídicos dentro del equipo del presidente. Hay ministros que en privado han llegado a comentar que están siendo demasiados «expuestos» en un tema que se va a prolongar mucho tiempo. Aunque la portavoz del Gobierno dijese ayer oficialmente que en Moncloa interpretan la decisión de la Audiencia de Madrid como una señal de un próximo archivo de la causa contra Gómez, la realidad es muy distinta. La impresión mayoritaria, y avalada por quienes saben más de procedimientos jurídicos, es que el tema va para largo, y acompañará a Pedro Sánchez durante toda la legislatura.
Esto explica que surjan esas voces que en círculos reducidos comienzan a dejar caer que habría que darle una vuelta a la estrategia que se está siguiendo porque en el camino «podemos acabar abrasados». Esto no quiere decir que interpreten que la batalla jurídica esté perdida, porque no anticipan ningún resultado respecto a cómo acabará la investigación del juez Peinado.
Incluso, de tener que anticipar ese escenario, advierten de que el tráfico de influencias es un delito complejo en su fase probatoria, y para el que no vale sólo la coincidencia temporal entre unos hechos y unas adjudicaciones (en referencia a la pieza más delicada de este puzle, el empresario Barrabés).
Pero, al mismo tiempo, estiman que la ofensiva contra los jueces, que ordena Moncloa, no es rentable porque sólo alimenta el corporativismo en el ámbito judicial. Es una posición «exagerada» que «se vuelve contra nosotros».
La politización de este caso es total, por parte del Gobierno, y también de la oposición, pero los hechos están haciendo reflexionar a algunos de los que se han convertido en portavoces de los argumentarios que elaboran en el núcleo de poder de Moncloa. Nadie se puede salir de ese guion oficial porque el presidente del Gobierno «toma nota» y porque se ha ido tan lejos que la marcha atrás es muy complicada.
El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, también está siendo tema de conversación entre los que admiten en privado sus dudas sobre la estrategia que se sigue en este caso, aunque no puedan desmarcarse ni un milímetro en el ámbito público del discurso que elaboran en la máquina monclovita. Ni siquiera se atreven a trasladárselo personalmente al presidente. Sánchez ha marcado el camino desde el primer momento, y el victimismo en el que él se excusó para amagar con su retirada es el mismo que se aplica también para su esposa.
[[QUOTE:PULL|||En círculos privados, quienes más entienden de leyes cuestionan las consignas oficiales ]]
En relación a Antonio Camacho, es posible que a él sí le haya llegado que en el espectro más jurídico del entorno del presidente hay quien considera que era evidente que la Audiencia de Madrid no iba a archivar la causa por «precipitado». Y también habrá escuchado que con un mínimo conocimiento de cómo es el procedimiento ordinario, y este caso no se sale de lo que se aplica en los demás supuestas, se debería haber sido más prudente en los discursos y en la anticipación de unas expectativas de archivo que no tenían ningún elemento firme al que agarrarse.
De hecho, contra lo que ayer aseguró la portavoz del Gobierno, dentro del Consejo de Ministros se ha realizado otra lectura del pronunciamiento de la Audiencia de Madrid. Así, una vez que se reposan los acontecimientos, entre las conclusiones que se extraen figura la de que «existen sobrados motivos» para ahondar en los extraños movimientos que otorgaron una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid a la esposa del presidente.
La instrucción penal en curso aconseja –reflexionan– «disimular más el intento de blindaje de Moncloa»porque, en realidad, aunque se niegue, esta investigación ya la deja desprotegida y está dañando a todos los que se «manchan» con la defensa de la teoría de la conspiración. «El juez cuestionado se ha visto autorizado por sus superiores y alentado, además, a proseguir con su investigación». El canal de Air Europa, «queda aparcado a la espera de posibles futuros hechos conocidos».
Estas dudas y el debate que afecta a la estrategia tienen poco margen para prosperar. En el entorno del presidente del Gobierno se impone el «miedo» a la discrepancia, y más en un asunto como éste que obsesiona por completo tanto a Sánchez como a su esposa.
Aquello que se entiende como una causa personal se ha convertido en una causa de todo el Consejo de Ministros, de la dirección del partido, e, incluso, de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, y, aunque se descuente que la investigación pueda quedar en nada, al mismo tiempo se teme que los daños colaterales desde el punto de vista reputacional sean irreversibles para todos los que siguen las consignas oficiales.
