La aprobación de la Ley de Amnistía fue la condición del independentismo para que los siete diputados de Junts dieran su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, pero los de Carles Puigdemont no aseguran un horizonte de estabilidad que vaya más allá. Siempre han renegado de comprometerse en un pacto de legislatura, pese a que Moncloa exigía mayores garantías, y buscan exprimir al máximo la posición de fuerza que ostentan respecto a la supervivencia de la coalición progresista. Su capacidad para condicionar el Gobierno desde fuera hace que fuentes socialistas no encuentren incentivos para que los independentistas opten por dejar caer al Ejecutivo. Hasta el momento, la red de seguridad era una amnistía en tramitación parlamentaria, ahora que ya está aprobada, hay riesgo de precipitarse en el abismo.
No obstante, Moncloa apura el control que todavía mantiene sobre los tiempos y, por el momento, la ley no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), requisito clave para que entre en vigor. Tal como publicó este diario, está previsto que sea en los próximos días, ya superada la campaña de las elecciones europeas, para evitar que la amnistía se convierta en un elemento central y disruptivo de la contienda del próximo 9 de junio, con los consiguientes efectos adversos que esto tendría para el PSOE. Esta dilación está sublevando al independentismo que reclama que se publique «de una vez por todas».
En Moncloa asumen que mientras se negociaba el perdón penal tenían asegurado el apoyo del independentismo, por lo que en el futuro se abre un terreno ignoto. «Ahora, votación a votación», dijo el secretario general de la formación neoconvergente, Jordi Turull, minutos después de que terminase la votación en el Congreso de los Diputados. Y, más allá de cómo se resuelva la ecuación de la gobernabilidad en Cataluña, la siguiente votación clave es la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Las cuentas son el seguro de vida para la legislatura. El Gobierno renunció a presentar las del presente ejercicio tras el adelanto de las elecciones catalanas, consciente de que sería muy complicado contar con el apoyo de ERC y Junts en plena pugna fratricida por la hegemonía del independentismo.
La contundente victoria de Salvador Illa no ha despejado el horizonte de incertidumbre y está por dilucidar cómo se articularán las mayorías para la gobernabilidad en Cataluña y las réplicas que esto pueda tener en Madrid. Fuentes socialistas niegan rotundamente que estén dispuestos a sacrificar a su principal activo electoral y actual pulmón de voto para el PSOE a cambio de la continuidad de Sánchez en La Moncloa. Todavía por calibrar la repercusión que esta decisión tenga en el Congreso de los Diputados, en el Gobierno han puesto rumbo a la elaboración de las cuentas para intentar romper la dinámica marcada por la amnistía y dar sensación de actividad ejecutiva. Los Presupuestos para 2025 son garantía de viabilidad para una legislatura que no acaba de arrancar.
Pese a que el presidente del Gobierno se afane en trasladar que queda gobierno para «tres años», la celebración de hasta cuatro comicios –gallegos, vascos, catalanes y europeos– en el primer semestre del año ha trasladado una sensación de interinidad de un Ejecutivo profundamente dependiente de sus socios, en continua disputa electoral. De hecho, si en la pasada legislatura desde Moncloa se presumía de «no haber perdido una votación», pese a contar con una exigua mayoría, solo en este mes, el PSOE ha visto decaer su proyecto para prohibir el proxenetismo y se ha visto obligado a retirar la reforma de la Ley del Suelo para evitar una nueva derrota. En el entorno del presidente ya anticipaban al inicio de la legislatura que éste sería un mandato parco en leyes ante los difíciles equilibrios aritméticos.
No obstante, saben que difícilmente se puede gobernar sin Presupuestos, ya lo hicieron en 2018 –tras llegar al poder con la moción de censura a Mariano Rajoy– y pese a que se puede mantener en La Moncloa sin ellos, la supervivencia sería una agonía. Junts está dispuesto a seguir marcando la agenda y el rumbo, al menos en el carácter económico de las decisiones. «Todo aquello que sea favorable a los intereses de Cataluña tendrá nuestro voto a favor; todo lo que sea contrario, tendrá nuestro voto en contra», anticipó también Turull.
¿Moción de censura?
La expectativa de que pueda llegar a prosperar una moción de censura a Sánchez apoyada por Junts es una eventualidad que en Moncloa leen en clave de presión a los socialistas para que atiendan la reclamación de Puigdemont de ser president de la Generalitat. Lejos de generar preocupación, este futurible se ha convertido en un balón de oxígeno para el PSOE en la recta final de la campaña a las europeas. La puerta abierta que dejó Feijóo a aceptar los votos de Junts para desalojar a Sánchez del poder, en una entrevista ayer en «Espejo Público», ha supuesto un giro de guion inesperado que permite al PSOE desactivar la campaña de los populares contra ellos por sus pactos con los independentistas. «Mientras nos critican por pactar con Puigdemont, Feijóo le avala como interlocutor y está dispuesto a recibir sus votos», señalaba a este diario un dirigente socialista. Varios fueron los cargos que salieron ayer en tromba para dejar en evidencia los «bandazos» y las «mentiras» del líder del PP a seis días de la cita con las urnas.
