Suenan varios bocinazos. Y un grito: “¡Peperos, trileros, devolved el dinero! ¡Cumplid la sentencia! ¡Se acabó el Madrid central! ¡Se acabó el chollo!”. Quien habla, sentado en una furgoneta que se ha parado ante la sede central del PP, es Javier Ortega Smith, concejal de Vox. Solo han pasado unos días desde la anulación por la justicia de las tres Zonas de Bajas Emisiones de Madrid a petición de su partido. Y mientras la oposición aprieta las clavijas de las críticas, ninguno de sus portavoces se extraña del varapalo judicial. Hay una razón: desde que el abogado del Estado José Luis Martínez-Almeida (PP) llegó al poder por primera vez, en el verano de 2019, su equipo ha cosechado una cascada de sentencias en contra, aunque no todas son firmes. Un balance sin casi precedentes que afecta a asuntos de todo tipo, desde la calidad del aire a la memoria histórica, pasando por las cocinas fantasma o la normativa de terrazas, y que hasta ahora no parece haber hecho mella en el tirón de un político que gobierna con mayoría absoluta.
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