La periodista Sophia Huang Xueqin, cuya pluma y voz se alzaron como estandarte del movimiento #MeToo en China, fue condenada el viernes a cinco años de prisión por “incitar a la subversión del Estado”. Este veredicto se suma a la pena de tres años y seis meses impuesta al activista sindical Wang Jianbing, su compañero de lucha, bajo los mismos cargos. Ambos han sido juzgados a puerta cerrada, en un proceso judicial envuelto en el hermetismo que caracteriza a las cortes chinas cuando se trata de delitos políticos.
La reportera de 35 años, figura clave dentro del movimiento #MeToo en el país asiático, fue arrestada en septiembre de 2021, la noche antes de abordar un vuelo a Guangzhou para iniciar sus estudios de maestría en la Universidad de Sussex. En el mismo operativo también fue detenido su amigo, el activista de derechos laborales Wang Jianbing. La pareja permaneció aislada en secreto durante un mes, antes de que sus familias fueran notificadas. Posteriormente, estuvieron seis meses bajo arresto domiciliario para finalmente ser formalmente imputados. Según sus allegados, ambos han sido sometidos con frecuencia a confinamiento solitario y presuntamente han sufrido abusos durante su encarcelamiento.
En una vista judicial celebrada el viernes en Guangzhou, ciudad vecina de Hong Kong, la activista Huang fue condenada a un lustro de prisión, mientras que su colega, el activista laboral, recibió una sentencia de tres años y medio. Ni siquiera se les permitió el consuelo de una audiencia pública. A pesar de la severidad de las sanciones, Huang expresó su determinación de continuar la lucha por la justicia: «No me rendiré», aseguró a sus seguidores. “Seguiré peleando por los derechos de las mujeres y por una sociedad más justa. Esta condena no detendrá el movimiento por los derechos humanos en China”. Asimismo, Wang decidió apelar y declaró: «Nuestra responsabilidad no terminará aquí. Nuestro compromiso con los derechos humanos y la justicia social es más fuerte que nunca”.
“Rumores y calumnias”
Las autoridades los acusaron de usar “escritos públicos y activismo privado” para “incitar al derrocamiento del sistema socialista mediante la difusión de rumores y calumnias”. Los fiscales retrataron a Huang como una figura clave de “organizaciones extranjeras” que apoyaba un “movimiento no violento” desafiante, mientras que a Wang se le vinculó con grupos en línea que conmemoran la sangrienta represión militar de las protestas estudiantiles en la plaza de Tiananmen en 1989. Según el gobierno, las reuniones privadas que mantenían ambos “incitaban al descontento de los participantes con el poder estatal chino”. Sin embargo, los dos negaron las acusaciones, afirmando que lejos de subvertir el poder del Estado, simplemente buscaban dar voz a “fenómenos sociales reales” a través de su trabajo, “sin distorsionar los hechos ni utilizarlos para atacar al gobierno”. A pesar de que se exculparon de delito alguno, sus voces se perdieron en el silencio impuesto por un sistema que parece determinado a ahogar cualquier atisbo de disidencia.
El delito de «subversión del poder del Estado» es considerado por los grupos de derechos humanos como una herramienta para reprimir la disidencia en este país, y un concepto genérico que se utiliza contra quienes se consideran críticos con el Estado. Así pues, las sentencias provocaron reacciones inmediatas. Activistas de derechos humanos y organizaciones internacionales expresaron su preocupación por la suerte de Huang y Wang, señalando que el caso es emblemático de la actual represión de la disidencia y el activismo civil en China. «Se trata de una clara violación de los derechos humanos fundamentales. Pedimos a las autoridades chinas que los pongan en libertad de inmediato y sin condiciones”, declaró un portavoz de Amnistía Internacional.
Antes de la ascensión de Xi Jinping al poder en 2012, el Partido Comunista mantenía cierta tolerancia con expresiones de descontento social, siempre que no desafiaran abiertamente sus “líneas rojas” políticas, como la situación del Tíbet, Taiwán o la masacre de Tiananmen . Durante un tiempo, incluso se permitieron algunos escritos sobre los derechos de la comunidad LGBTQ y denuncias de acoso sexual en redes sociales.
La represión de Xi
Pero esos días de relativa apertura han quedado atrás. Bajo el implacable liderazgo de Xi, el régimen se ha mostrado cada vez más intransigente con aquellos colectivos organizados que a su juicio cuestionan su autoridad, como los que luchan por la igualdad de género o los que abogan por mayores derechos para las mujeres o las personas discapacitadas.
Esta intrépida reportera independiente desempeñó un papel fundamental en el auge del movimiento #MeToo en China en 2018. Tras denunciar públicamente su propia experiencia de acoso sexual, alentó a otras mujeres a compartir sus historias, revelando que más del 80% de las 255 periodistas encuestadas habían sufrido abusos similares.
Posteriormente, dio un paso más allá al ayudar a una estudiante de posgrado a divulgar las acusaciones de comportamiento lascivo contra su mentor universitario. A raíz de la campaña internacional #MeToo contra los abusos a mujeres por parte de hombres poderosos, se hizo eco de más casos, y obtuvo una amplia publicidad internacional. Asimismo, la activista enfrentó la ira de las autoridades ya que en 2019 fue detenida por cubrir las multitudinarias protestas antigubernamentales que sacudieron Hong Kong.
Estos controvertidos veredictos, dictados el viernes, parecen haber sido precedidos por este cambio de actitud del gobierno, cada vez menos tolerante después de que ciertas acusaciones de supuesto acoso empezaran a golpear cada vez más cerca del poder. El caso de Peng Shuai, la estrella del tenis chino que denunció haber sido obligada a mantener relaciones sexuales con Zhang Gaoli, ex viceprimer ministro y miembro del círculo íntimo del Politburó, parece haber marcado un nuevo punto de inflexión.
