Apenas siete meses han pasado entre la apertura del centro de menores migrantes no acompañados en Lanzarote, un contrato valorado en 536.850 euros, y el requerimiento de la Fiscalía reclamando su cierre al Gobierno de Canarias debido al mal estado de las instalaciones, la calidad de la comida e, incluso, la probable presencia de cucarachas. El Gobierno de Canarias adjudicó a la asociación andaluza Fundación Samu en octubre la puesta en marcha de un dispositivo de emergencia de menores migrantes no acompañados en la Casa del Mar de Lanzarote con 50 plazas, a razón de 90 euros por día y menor, según el pliego de adjudicación al que ha tenido acceso EL PAÍS. En mayo, una inspección de la Fiscalía constató las deficiencias de las instalaciones. El Ejecutivo se comprometió a cerrarlo en 15 días. Sigue abierto.
Los siete meses entre la apertura del centro de menores en Lanzarote y la petición de cierre por su “pésimo” estado
