La montaña del PSOE en el Congreso parió otro ratón. La debilidad socialista es absoluta y sus socios le dan ya la espalda para prácticamente todo, hasta cuando les pide ayuda para utilizar la Cámara Baja para investigar al Partido Popular. A pesar de que lo han intentado por distintas vías, el PSOE no ha sido capaz de encontrar los apoyos para impedir que muera, en el mínimo plazo, la comisión sobre las mascarillas, la réplica en el Congreso de la comisión sobre el «caso Koldo», que, por cierto, sí sigue trabajando en el Senado (bajo la mayoría absoluta del PP).
El PSOE ha estado barajando distintas fórmulas para impedirlo, y ha tenido conversaciones con los partidos que facilitaron la última investidura de Sánchez, sin ningún éxito a la hora de reunir los votos necesarios. Coalición Canaria se desmarcó desde un primer momento.
Y esto tiene bastante relevancia en la estrategia socialista porque las mascarillas eran sólo la justificación oficial para otro objetivo político: en los planes de Moncloa y del PSOE estaba conseguir que sus socios le sirvieran de palanca para que esta comisión fuera el marco en el que institucionalizar, entre otras cosas, su campaña contra el entorno de Alberto Núñez Feijóo (otra «réplica» para poner sordina a la investigación judicial contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez). La intención de los socialistas, frustrada por sus propios socios, era servirse de esta comisión –que hoy tenía que haber celebrado su última reunión, pero ha sido desconvocada–, para investigar la concesión de contratos por parte de la Xunta a «empresas en la que hay familiares» (textual del portavoz socialista, Patxi López) del líder popular.
La comisión ha sido un fracaso y un espejo de la soledad socialista en el Parlamento. No han tenido éxito en avanzar en sus pesquisas sobre Galicia, con las que querían tapar todo el ruido que rodea a Begoña Gómez, pero, además, la comisión también se deja muchos otros asuntos pendientes y que eran prioritarios en los planes del PSOE. Tenían aprobadas hasta 131 comparecencias, y quedan sin celebrase más de un centenar. Entre ellas, las de los principales protagonistas del «caso Koldo», el ex asesor del ex ministro y el propio Ábalos. El PSOE no había incluido a su antiguo secretario de Organización en su listado de comparecientes, pero acabó aceptando que entrase su nombre por la presión de sus socios parlamentarios. Sólo fue paripé, porque al final la mayoría impidió que esa comparecencia llegase a concretarse.
Ahora bien, el PSOE también se ha quedado sin ver desfilar por el Congreso a sus principales «piezas de caza», como el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y varios de sus consejeros. E igualmente se han quedado fuera otros presidentes autonómicos del PP o el propio portavoz de los populares en la comisión de investigación, Elías Bendodo, que fue consejero de la Junta de Andalucía en los meses de pandemia.
Uno de los compromisos que adquirió el presidente del Gobierno, después de los momentos más duros de la pandemia, fue el de utilizar el Congreso para fiscalizar el trabajo de las distintas administraciones públicas y aprender de los errores. Pero este compromiso se quedó en el cajón hasta que estalló el «caso Koldo» y al PSOE le urgió encontrar un instrumento con el que contrarrestar la investigación policial y judicial que tocaba directamente al esqueleto de su organización política (el ex ministro Ábalos), a varios ministerios y a varias administraciones autonómicas, entre ellas, Baleares, que presidió Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso.
La comisión se cierra sin que el PSOE haya intentado siquiera acordar una hoja de conclusiones con sus socios. No se ha puesto a ello porque es consciente de las dificultades que hoy tiene para entablar el más mínimo acuerdo con todas las partes implicadas en la investidura de Sánchez.
Por otra parte, la comisión que investiga los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE, controlada por la mayoría absoluta del PP en el Senado, sí seguirá trabajando, y aunque Génova ha descartado categóricamente la citación de Begoña Gómez, se guarda en la manga la baza política del momento en el que llamará al presidente del Gobierno.
En general, las comisiones de investigación son hoy otro instrumento de la batalla política, y funcionan más al servicio de intereses de partido que de esclarecer ninguna cuestión relevante que pueda ser útil para la ciudadanía.
El PP justifica la futura citación del presidente del Gobierno, y no de su esposa, en que hubo reuniones con empresarios en Moncloa de las que tuvo conocimiento para tratar la financiación de la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense. El control a Sánchez lo argumenta en «el uso de Moncloa» y en el papel del presidente «en negocios de terceros», de acuerdo con las declaraciones ya celebradas en el juzgado que investiga esta causa.
Mientras que en el Congreso naufraga la comisión del PSOE, en el Senado echa también a andar la que afecta a la utilización por parte del Gobierno del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El objetivo es la figura de Félix Tezanos y su trabajo al frente del instituto de encuestas.
Génova también ha conseguido que el Tribunal de Cuentas realice un informe de fiscalización del CIS durante la etapa de Tezanos, que coincide con varias solicitudes de información económica sobre su presidencia. En conclusión, el PSOE ha fracasado en imponer su hoja de ruta en el Congreso, pero el PP tiene su mayoría absoluta a las espaldas para imponerla en la Cámara Alta, tanto en lo que afecta a la lista de comparecientes como al formato del interrogatorio. Por el Senado van a desfilar altos cargos como el ministro de Justicia, Félix Bolaños, además de expertos sociológicos.
