Doce años después de que EL PAÍS denunciara por primera vez la utilización de la policía por parte del Gobierno del PP para una guerra sucia contra sus adversarios políticos, en aquel caso los independentistas catalanes, la Audiencia Nacional investiga ahora unas operaciones parecidas contra Podemos. El juez Santiago Pedraz ha recabado pruebas de un supuesto espionaje ilegal de la policía, impulsado por los mandos políticos de Interior, para buscar información dañina contra los 69 diputados que Podemos logró en las elecciones de 2015. Decenas de policías consultaron entre 2015 y 2016 casi 7.000 veces las bases de datos del Ministerio del Interior en busca de trapos sucios contra una formación política cuya repentina fuerza electoral preocupaba al PP. El encargo partió del secretario de Estado de Seguridad de entonces, Francisco Martínez. El comisario que recibió las instrucciones avisó de que esa operación dejaría “rastro”.
