La Comunidad de Madrid (CAM) ha presentado alegaciones al Proyecto de ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud por invasión de competencias, redundancia en sus planteamientos, falta de rigor y ausencia de memoria económica, además de establecer un marco de inseguridad jurídica.
Lo ha hecho en el periodo de consulta pública, que terminó el pasado martes. El Ejecutivo autonómico entiende que el texto podría exceder las competencias estatales e invadir competencias propias de las CC AA en materia de coordinación y bases generales de la sanidad, y podría suponer una vulneración de las normas europeas incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico. Además, la CAM argumenta que el proyecto, que pretende regular el modelo de colaboración público-privada en materia de transparencia, auditoría y rendición de cuentas, es redundante, ya que muchas de las normas propuestas ya se vienen aplicando en la región desde hace muchos años.
“La propuesta del Ministerio de Sanidad no aporta soluciones realistas, ni concretas. Está redactada genéricamente y carece del mínimo rigor normativo, económico y organizativo, al no aportar cifras, referencias doctrinales, ni económicas alguna y sin relacionar ni concretar los problemas que dice querer subsanar con la normativa vigente”, señala el Ejecutivo autonomico en su informe, al que ha tenido acceso LA RAZÓN.
Recordemos que, a mediados de este mes, Sanidad sacó a consulta pública este proyecto normativo, con el que, en palabras de Mónica García, se pretende “poner coto” a los “usos indecentes” del SNS. Entre otros objetivos, la ley busca “facilitar la reversión de los fenómenos de gestión por entes privados de servicios sanitarios públicos”, según se recoge en el propio documento de la consulta pública. “Esta ley va a poner coto al lucro incesante de las diferentes formas de gestión de nuestra sanidad. Se da un carpetazo a la Ley 1597 y se da vía libre al lema de ‘La sanidad no se vende, la sanidad se defiende'”, señaló la ministra.
