La Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia es, ahora mismo, el gran proyecto educativo del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Las líneas generales ya se han presentado a los rectores de los centros tanto públicos como privados. En este momento, se mantiene una «fase de diálogo», del que saldrá un texto «lo más consensuado posible». Posteriormente, a partir de septiembre, se iniciará el trámite de información pública y, a finales de otoño, se presentará un texto definitivo en la Asamblea de Madrid. Así lo avanzó ayer el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, durante un desayuno informativo en el que realizó balance de este primer año de Gobierno. Doce meses en los cuales su Consejería «ya ha cumplido o iniciado el 95 % de las medidas de Educación» previstas.
Uno de los puntos que ahora mismo se está negociando con los centros, dentro de esa futura ley, es un «régimen sancionador» para mantener el «decoro y el respeto a la legalidad» en los campus. Del mismo modo, aquellas universidades «que no cumplan con los requisitos mínimos de titulación e infraestructuras», garantizando así que «el nivel de exigencia y calidad de la universidad madrileña se mantiene», serán sancionadas.
A la hora de desarrollar el primer punto, Viciana citó que, entre esas infracciones se contemplan la «ocupación de la vía pública» o la «okupación» de espacios universitarios que «impidan el acceso a los estudiantes», así como los «escraches» y actuaciones vandálicas. De este modo, se pretende «garantizar un marco jurídico regulador que permita afrontar este tipo de situaciones». Todo ello, subrayó Viciana, «dentro del respeto a la libertad de manifestación y de cátedra».
Libertad de expresión
«Es muy importante que la universidad sea un espacio de libertad, de debate y de libre manifestación. Pero nos preocupa que existan determinadas actuaciones que impidan que la universidad siga siendo lo que es», apuntó el consejero. Así, si existen protestas «que impiden la asistencia a clases y el acceso a los edificios de los estudiantes, se deben adoptar actuaciones». Por ello, el espíritu de la norma será «conjugar la libertad de expresión y manifestación con la autonomía universitaria y con que los alumnos puedan acceder libremente» a los centros. De hecho, Viciana explicó que actos recientes como las acampadas a favor de Palestina se limitan a ser un ejercicio de libertad de expresión, por lo que no impiden el desarrollo de la actividad educativa.
Si bien todavía está por determinar ese régimen sancionador, la Consejería de Educación contempla la posibilidad de establecer sanciones económicas. En todo caso, se hará una «gradación de infracciones», que distinguirá entre leves, graves y muy graves, con la sanción correspondiente. Además, se está planteando que la sanción sea de «tipo institucional»: «Es la universidad la que tendría que garantizar, dentro de su autonomía, que se cumplen estos requisitos».
Financiación
Otro de los puntos que se incluirán en la Ley de Universidades es la financiación que recibirán los centros. «Estamos en un período, más que de negociación, de diálogo con todos los actores implicados», aseguró Viciana. «Ya tenemos una buena parte de comentarios por parte de los rectores. Hay puntos en los que manifiestan por dónde les gustaría que fuese la ley».
Hay que recordar que, por el momento, el texto atiende una de las solicitudes de los rectores: un sistema de financiación de las universidades públicas plurianual y revisable cada cinco años. De este modo, los campus contarían con una financiación básica y la posibilidad de recibir tanto inversiones para necesidades singulares, como una financiación adicional. El importe de esta última estaría en función del cumplimiento de determinados objetivos estratégicos en materia docente, investigadora o de competitividad, tal y como detalló el pasado mes de junio la Consejería. Se trata de uno de los puntos más perseguidos por los centros madrileños: «Estamos en riesgo y la dificultad es mantenernos (económicamente)», alertaban hace pocas semanas. Y más aún teniendo en cuenta la aplicación de la nueva ley de Universidades del Gobierno central, que tendrá un sobrecoste en la Comunidad de cien millones de euros.
Otra de las mejoras que introducirá el texto será la creación de un «distrito único de prácticas». El objetivo, «facilitar y asegurar la igualdad de oportunidades entre todos los alumnos a la hora de acceder a una plaza», también en el caso de las enseñanzas superiores de la rama sanitaria, después de la polémica surgida por la falta de plazas y de que sea necesario dar de alta a un becario en la Seguridad Social, con la nueva legislación del Gobierno Central.
El consejero también recordó la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), común en todas las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular, y que quedó plasmada el pasado lunes en una reunión en Salamanca presidida por Alberto Núñez Feijóo. Esa prueba común se implantará en 2025 y los estudiantes tendrán acceso a unos exámenes con los mismos contenidos evaluables, mismos criterios de corrección o mismo tipo de ejercicios y número de preguntas en todas las asignaturas comunes.
También tendrán los mismos criterios de puntuación por faltas de ortografía, el mismo calendario para la realización de las pruebas y la publicación de las notas, o el mismo número de opciones entre las que elegir tanto para cada examen como para las preguntas concretas de cada prueba.
