Dos semanas atrás, el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, entregó una placa en recuerdo y homenaje a la familia de Núria López, la cocinera del centro penitenciario de Mas d’Enric asesinada el pasado marzo por un preso. El interno estaba condenado por un delito de sangre y en esta ocupación tenía acceso a todo tipo de cuchillos.
Este gesto por supuesto no ocultó un creciente malestar este año de los funcionarios de prisión. El detonante más grave fue sin duda el asesinato de Núria, que provocó una oleada de movilizaciones y protestas sin precedentes. Tras muchos episodios de tensión, la conselleria de Justicia, entonces dirigida por Gemma Ubasart, se comprometió a aumentar la seguridad de los trabajadores en los centros penitenciarios, además evidentemente de asegurar que no habría más condenados por delitos de sangre en las cocinas.
Sin embargo, el mes pasado el sindicato mayoritario Csif denunció la «gestión negligente de la dirección del Centro Penitenciario de Ponent, que está poniendo en grave peligro la seguridad de sus trabajadores al permitir que internos condenados por delitos de sangre ocupen puestos de trabajo en la cocina, un entorno de alto riesgo».
Csif destacó que la trágica muerte de Núria López «fue una clara advertencia de los peligros que enfrentan los trabajadores penitenciarios. La responsabilidad de la dirección es minimizar estos riesgos, evitando decisiones que comprometan la seguridad del personal. El riesgo cero no existe en las prisiones, pero es esencial aplicar medidas que reduzcan al mínimo las amenazas».
Los funcionarios denunciaron que «los internos con antecedentes de violencia, delitos de sangre o patologías psiquiátricas no deberían tener acceso a este tipo de trabajos. Sin embargo, la dirección del Centro de Ponent parece haber desestimado estas recomendaciones y asignó a internos peligrosos en puestos que requieren máxima seguridad». El departamento de Justicia, ya en manos de Espadaler, corrigió la situación y trasladó al preso a otros trabajos.
Además, Csif denunció este mismo año una nueva situación de extrema gravedad en el mismo centro de Mas d’Enric: un intento de homicidio contra una trabajadora de la cárcel que «solo intentaba hacer cumplir las normas mínimas de convivencia dentro del módulo de mujeres». Sucedió cuando la agresora, «reincidente y conocida por su comportamiento violento y agresivo y su inadaptación al medio penitenciario, atacó a la trabajadora asfixiándola con un cordel hasta que este se rompió debido a la fuerza aplicada. No contenta con su agresión, la delincuente también la agarró por el pelo, arrancándole un buen puñado del cuero cabelludo».
Desde los funcionario, se señaló directamente a Ubasart, y al director general de los Servicios Penitenciarios catalanes, Amand Calderó, como los «principales responsables de esta situación, acusándolos de instaurar un clima de impunidad en los Servicios Penitenciarios de Cataluña. «A pesar de los graves incidentes, incluyendo el asesinato de una trabajadora hace cuatro meses en el mismo centro, Ubasart y Calderó no han tomado la decisión de dimitir, demostrando una clara falta de dignidad profesional y política».
De esta manera, los departamentos de Salud y Justicia aplicarán medidas de mejora en la prevención de los suicidios en las prisiones, según informaron tras reunirse de forma «extraordinaria y urgente» después del último suicidio de un preso en el centro penitenciario de Lledoners.
El grupo de seguimiento de la prevención de los suicidios, integrado por directivos y personal técnico de ambos departamentos, así como por profesionales especializados en el ámbito de la salud mental, acordaron «elaborar un plan de choque con estrategias y actuaciones concretas a corto plazo».
En un periodo de quince días el grupo de seguimiento acordará medidas concretas de mejora de la prevención de los suicidios en los centros penitenciarios que girarán en torno a tres ejes de actuación.
El primero será mejorar la conectividad de la información recogida por todos los operadores implicados; el segundo en evaluar los factores predictivos y el seguimiento y acompañamiento con carácter periódico y, establecer un periodo de seguimiento adecuado para las personas dadas de alta en los protocolos de prevención del suicidio.
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