Manos Limpias ha denunciado a la que era hasta hace un mes directora del Instituto de la Mujer, Isabel García Sánchez, y su pareja, Elisabeth García Busnadiego, que fue asesora del PSOE, por haberse supuestamente beneficiado de, al menos, 64 contratos de administraciones socialistas por valor de 250.000 euros para la gestión de los puntos violeta, algunos mientras ambas eran cargo público y personal de confianza, respectivamente.
Les acusan desde el sindicato, apoyándose en informaciones periodísticas publicadas, de haber cometido de forma continuada los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y de falsificación de documentos públicos, además de otros comportamientos injustos.
Isabel García dejó en 2022 de ser asesora del Ministerio de Transportes en la época de José Luis Ábalos y en febrero de aquel año constituyó una sociedad limitada, Elig Consultoria Política de Igualdad y Diversidad.
La viabilidad de este negocio privado, sostienen desde la organización de Miguel Bernad en la denuncia, “lo va a tener asegurado ya que era muy conocida en las administraciones públicas de la Comunidad Valenciana”, donde previamente a su desembarco en Madrid –hasta julio de 2019– Isabel García fue diputada de Igualdad en la Diputación de Valencia y concejala de la misma materia en la localidad valenciana de Xirivella.
Volvió al Gobierno de Pedro Sánchez en diciembre del año pasado como directora del Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Igualdad, ahora con la socialista Ana Redondo al frente.
Pese a que se convirtió en alto cargo gubernamental, señala Manos Limpias, continuó casi cuatro meses –hasta marzo de 2024– como administradora única de su mercantil, Elig, y “estuvo compatibilizando actividades públicas y privadas, sin que sepamos estuviera autorizada para ello”.
En el momento en que dejó de ser la administradora única de Elig, le sustituyó en el cargo, precisamente, su pareja, Elisabeth, que, recoge la denuncia, ya tenía vinculación previa con la empresa como CEO cuando se constituyó en febrero de 2022 y ella era, a la vez, desde un mes antes, personal eventual del grupo parlamentario del PSOE en el Senado. Una responsabilidad que ocupó desde enero de 2022 hasta la celebración de las últimas generales en julio de 2023.
Por lo que, al igual que la ex directora del Instituto de la mujer, Elisabeth Busnadiego “estuvo compatibilizando las actividades públicas y privadas, sin que sepamos estuviera autorizada para ello”.
En base siempre a las publicaciones periodísticas que acompañan a la acción penal, desde el sindicato de funcionarios afirman que “estas dos personas, estando al servicio de las administraciones públicas, sus empresas fueron beneficiarias de algunos contratos con dichas administraciones”.
Precisamente, se recuerda en la acción penal, los “escándalos”, el que se conocieran las decenas de adjudicaciones públicas que recibieron ella y su pareja,”obligarán” a que fuera cesada por la ministra Redondo este pasado 23 de julio al frente del organismo público, tras ostentar la responsabilidad solo durante siete meses.
La mayoría de las contrataciones con fondos públicos para instalar puntos violetas o poner en marcha iniciativas relacionados con políticas públicas de Igualdad proceden de ayuntamientos valencianos gobernados por el PSOE-PSV como Alcasser, Alaquas, Catarroja, Moncada, Orihuela, Marines, Val de Uxó, Lliria, Massanasa, Picanya, entre otros, pero también de la propia Generalitat o la vasca Diputación Provincial de Gipúzcoa.
En lo relativo a la falsedad documental, le atribuye a ambas el sindicato el haber utilizado otra empresa de la que no eran propietarias y en la que no tenían poder alguno otorgado para licitar en una serie de concursos públicos que ya estarían “amañados” para que su mercantil recibiera la adjudicación guardando las apariencias.
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