El Consejo de Gobierno andaluz ha autorizado en su reunión a la Consejería de Salud y Consumo un gasto por un importe total de 96.867.456 euros para la contratación del servicio de Atención Temprana bajo el régimen de concierto social en toda Andalucía. La prestación se concreta en unidades de sesión al precio unitario de 28 euros cada una, que comprende la dotación de espacio y tiempo que se dedica al menor en su tratamiento, apoyo y seguimiento, así como gastos administrativos y otros derivados. La Junta de Andalucía desoye así a la Asociación Patronal Andaluza de Atención Temprana (APAAT) que había lanzado un SOS ante el riesgo de que el sistema colapse al no cubrir el precio por sesión fijado por la administración los costes del servicio.
Los importes por provincias son 9.969.792 euros para la de Almería; 15.179.136 euros para la de Cádiz; 8.037.120 euros para la de Córdoba; 10.665.984 euros para la de Granada; 4.956.672 para la de Huelva; 5.357.184 euros para la de Jaén; 20.616.960 euros para la de Málaga, y 22.084.608 euros para la de Sevilla. El plazo de ejecución de los conciertos será de 24 meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su formalización, pudiendo prorrogarse el mismo hasta un periodo máximo de 36 meses adicionales.
En las unidades de sesión se incluye la dotación de espacio y tiempo que se dedica al menor en su tratamiento, apoyo y seguimiento, así como gastos administrativos y otros derivados. La mayoría de estas entidades son fundaciones, pequeñas asociaciones o pymes y autónomos sin la capacidad de las grandes organizaciones con o sin ánimo de lucro que también tienen acceso al concierto. De hecho, Gonzalo Caba, portavoz de APAAT, en la que se integran ya alrededor de un 20% de las sociedades que integran el sector, alertaba en julio de que si el precio por sesión (umat) no sube, habrá muchas entidades pequeñas que no podrán seguir prestando el servicio. Ello supondrá que renuncien a los lotes de las siguientes licitaciones, que bien quedarán desiertos y las familias desatendidas o se concentrarán en grandes entidades no especializadas a las que su amplia cartera de servicios les permite enjugar posibles deudas o simplemente les compensa por sus otras vinculaciones con la Administración.
La Junta de Andalucía, muy al contrario, prevé un impacto positivo sobre el empleo en los CAIT, pues espera que con el nuevo concierto social “se incremente el número de sesiones en cerca de 77.000, con el correspondiente aumento en el número de personas profesionales dedicados directamente a esta actividad que, de forma global, pasaría de las 1.809 actuales, hasta las 1.892 necesarias para la cobertura del servicio, sin perjuicio de las mejoras en la ratio que las entidades incorporen en sus propuestas”, precisan desde la Junta.
El Gobierno andaluz sostiene que ha aumentado en un 27% su capacidad asistencial en Atención Temprana tras la implantación del modelo del concierto social, ampliando los lotes con sesiones a desarrollar, lo que “ha propiciado la apertura de nuevos CAIT en localidades donde no existían para alcanzar a un mayor número de personas usuarias”. Así, desde 2019, se han abierto en Andalucía 25 nuevos CAIT, lo que se traduce en un aumento anual de 391.100 sesiones con respecto al modelo anterior y la posibilidad de atender a 4.076 menores más, llegando a 1.854.020 sesiones anuales en Andalucía.
Desde que entró en vigor la Ley de Atención Temprana, el 22 de marzo de 2023, hasta la actualidad, cerca de 40.500 menores andaluces se han beneficiado de este servicio, al que el Gobierno andaluz ha destinado 51,5 millones de euros este año, lo que supone un 40% más que lo invertido en 2016 –30,1 millones–, año desde el cual se regula la atención temprana en Andalucía.
Asimismo, las entidades locales también han visto aumentado su asignación de crédito a razón del aumento del precio de la sesión de 22 a 28 euros, concretan desde la Junta.
