Con el cinismo habitual, dice Sánchez que ha llegado el momento de la regeneración democrática, refiriéndose al bloque de medidas con el que pretende asumir el control total de las instituciones. Cuando hace años algunos hablaban de la peligrosa deriva bolivariana del Gobierno, siempre salía al quite algún avezado opinador que los tildaba de alarmistas. La evolución de los acontecimientos está dando la razón a los primeros. Venezuela fue no hace demasiado tiempo la democracia más avanzada de Latam, y hoy es una autocracia rayana a la tiranía. Hay elecciones aparentemente libres, vía voto electrónico, pero sin división de poderes y bajo el estricto control institucional del Ejecutivo, que manda sobre el Legislativo y el Judicial. En Argentina iban por el mismo camino, hasta la derrota de Alberto Fernández, que ahora asesora a Sánchez. También le asesora Zapatero, a su vez consejero áulico de Maduro. Zapatero es la cabeza visible del Grupo de Puebla, antes Foro de Sao Paulo, en el que peronistas, chavistas, podemitas, comunistas y socialistas se han hecho fuertes exportando su estrategia de control-total al continente y ahora a España. Aquí chocan, en principio, con el muro de Europa, sólo que en nuestro caso es siempre un muro superable, pues pueden más los padrinos soristas de Sánchez que el Europarlamento. Todo lo duro que van a ser contra Orban lo serán de blandos con él.
De manera que la «regeneración democrática» es en realidad el control institucional. Tras el Gobierno, el Congreso, la Fiscalía y el TC, le llega el turno al Poder Judicial y a la Prensa. Una ley permitirá al Congreso elegir por mayoría a los miembros del CGPJ que deberían seleccionar los jueces. Siendo inconstitucional, el TC dirá sin más que no lo es, y asunto resuelto. Con otras dos normas actuará sobre los derechos de rectificación y del honor, movido por recientes acontecimientos que afectan a su esposa. Sanciones millonarias para ahogar a los periodistas transgresores, impuestas por unas instituciones judiciales que para entonces estarán controladas por el Ejecutivo. Condiciones leoninas contra «tabloides digitales» y canales de Telegram, mientras que otras webs serán directamente censuradas por «prorrusas», «antivacunas» o «negacionistas», con el visto bueno de la UE, bajo la teoría de la «desinformación». Curiosa teoría ésta, que hubiera impedido el Watergate. No debe informar quien desinforma, y eso lo deciden los políticos, en alianza con sus comités de expertos a dedo nombrados y mejor pagados. Julián Assange «desinforma»: está en la cárcel porque publicó millones de documentos internos de la CIA, que avergüenzan al mundo. Eran verdad, pero le acusan de desinformar. Se dice que es noticia todo aquello que se impide publicar. Lo demás es propaganda. Más aún cuando quien censura es el Gobierno, llegando al sindiós de perseguir a los «desinformadores» que airean sus desmanes. Se mata al mensajero y listo. La mayoría mirará para otro lado. Ya saben lo que dijo Martin Niemöller sobre el nazismo: «primero vinieron a por los comunistas, y no dije nada, porque yo no era comunista; luego vinieron a por los socialistas, los sindicalistas y los judíos, y no dijimos nada porque no éramos ni socialistas, ni sindicalistas ni judíos; luego, cuando vinieron a por mí, ya no quedaba nadie que me pudiera defender».
