Medios marroquíes se han hecho eco de los acuerdos entre el Gobierno y EhBildu “relativos a fijar nuevas normas que impidan el regreso de infiltrados a Ceuta y Melilla y su entrega a las autoridades marroquíes; y evitar que la fuerza pública utilice “balas de goma” ante manifestaciones, desobediencias y disturbios y las agresiones masivas de inmigrantes clandestinos”. También recogen las protestas de sindicatos y asociaciones de las Fuerzas de Seguridad españolas. “Los servicios pierden sus competencias y les impedirán mantener la seguridad durante la intervención”, subrayan.
A este respecto, no hay que olvidar los esfuerzos que en los últimos tiempos realiza Marruecos para evitar entradas masivas en las ciudades autónomas, con la realización de numerosas detenciones y agentes heridos por la violencia de los inmigrantes. El rechazo en frontera era una manera de disuadir a los que se apuntan a la inmigración ilegal. Ahora cabe preguntarse cómo se le va a pedir su colaboración a Rabat si desde España, país afectado por este problema, se adoptan medidas que favorecen dicha inmigración.
Aseguran que la modificación responde “a las exigencias de organismos de derechos humanos que exigen dar la oportunidad a la categoría de inmigrantes irregulares de explicar sus circunstancias, solicitar asilo o apelar decisiones de expulsión, respetando los contenidos del derecho internacional que también lo prohíben. uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de derechos humanos”.
“Las nuevas enmiendas , dice “Nador City”, confirman que las expulsiones repentinas de inmigrantes ilegales de las ciudades de Ceuta y Melilla no deben repetirse nada más cruzar las fronteras, ya que cuando la ley entre en vigor el expediente se tratará con un nuevo enfoque de acuerdo con disposiciones de derechos humanos, al trasladar a todas las personas que ingresaron a las dos zonas ocupadas de manera ilegal a un centro privado para recolectar sus datos personales, interrogarlo sobre los motivos de su migración y procesar su solicitud si desea asilo. trasladándolo a otro lugar designado para este procedimiento. Son medidas legales que la policía y la Guardia Civil creen que dificultarán las operaciones de expulsión”.
Además de prohibir las “balas de goma” y sustituirlas por otros medios de violencia legítima, estas enmiendas apuntan en la dirección de reducir las multas y sanciones para las personas que desobedecen las órdenes de la autoridad o perpetran disturbios durante las manifestaciones.
Admite que estas medidas podrían devolver el caos a las zonas fronterizas de Ceuta y Melilla, en las que el uso de la fuerza, tanto de lado marroquí como español, contribuyó en gran medida a evitar “ataques masivos perpetrados más de una vez por hordas de inmigrantes clandestinos”.
