En pleno debate sobre la Ley de Concordia valenciana, y a la espera de que la Generalitat y el Gobierno central se sienten a debatir la norma en la Comisión bilateral abierta a petición del Ejecutivo socialista, el Consell hizo ayer gala de su utilidad para seguir defendiendo a las víctimas del franquismo. El Gobierno valenciano aprobó ayer una declaración institucional en la que se suma a la petición de la familia del poeta Miguel Hernández para que el Gobierno de España anule los sumarios judiciales abiertos en su contra y se realice una Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal.
Miguel Hernández (Orihuela 1910-1942) fue un intelectual comprometido con la II República y con la izquierda desde su militancia en el Partido Comunista, que murió en la cárcel a causa de una tuberculosis.
El PSPV en el Ayuntamiento de Orihuela presentó una moción la semana pasada para pedir que se anularan dichos sumarios y reparar así la memoria del poeta, aunque PP y Vox votaron en contra. Sin embargo, el pleno del Consell aprobó ayer esta declaración en la que además insta al Gobierno central a realizar esta declaración en un acto institucional que se celebre «en el entorno más adecuado», preferiblemente el 30 de octubre, día del nacimiento del poeta.
«Actualmente, lejos de la época de posguerra y en un estado democrático en que las libertades no deberían estar en riesgo, es preciso que aquellos sumarios sean revocados», añade la Generalitat en esta declaración, que fue leída por la portavoz del Consell, Ruth Merino.
«La Comunitat Valenciana como tierra de origen de Miguel Hernández y Orihuela, como su ciudad natal, no pueden ni deben permanecer ajenas a este llamamiento», defiende la Generalitat, que reivindica que «la reparación histórica del poeta es, también, una reparación de nuestra propia identidad y dignidad».
Por ello, continúa, la Comunitat Valenciana «debe defender la figura de Miguel Hernández, y mostrar con orgullo, tanto en nuestras calles como en el resto del mundo, su obra y vida, por eso debe sumarse sin dilación a la petición de que las sentencias que lo condenaron sean anuladas».
Merino manifestó que con esta declaración institucional la Generalitat ha dado «un paso adelante» y se ha unido a la petición de los familiares del escritor, en aplicación además de la Ley de Concordia, aprobada el 26 de julio de 2024 en Les Corts porque «se reconoce a una víctima política» y es considerada «una injusticia».
Con esta declaración, el Consell responde también a la petición que elevó a Les Corts el síndic del PSPV, José Muñoz. El socialista instó al Parlamento valenciano a que reconociera la nulidad de los juicios sumarios del poeta acusando al PP de llevar a la «involución» a la Comunitat Valenciana.
Por su parte, Mazón explicó ayer que esta petición parte de Orihuela, pero «la hace la Comunitat, la hacemos quienes amamos y hemos cuidado el legado de Miguel Hernández» y consideró «fundamental» la supresión de «la horrible condena que sufrió el poeta».
El lunes terminó el plazo que el Ministerio de Política Territorial dio a la Generalitat para comunicar si acepta o no la propuesta de iniciar un proceso de negociación sobre la ley valenciana de Concordia en la comisión bilateral entre ambas administraciones.
Mazón defendió que la ley valenciana se ajusta a derecho pues «el blindaje del tratamiento adecuado a todas las víctimas del franquismo, es perfectamente compatible con ampliar derechos a otras víctimas de violencia política».
Desde Presidencia se muestran seguros de que la Ley de Concordia se ajusta a derecho y que si finalmente el Gobierno opta por llevarla al Constitucional cuentan con argumentos de sobra para defenderla. «Cuando uno hace las cosas tiene que estar dispuesto a explicarlas, porque a lo mejor hay gente que no lo ha entendido bien».
