El Gobierno de Pedro Sánchez ha entrado de lleno en la «batalla» del cantón de Montecarmelo. O proyecto, habría que decir, habida cuenta de que los trabajos para su construcción aún no han comenzado. Ahora mismo se trata de uno de los puntos más candentes que hay sobre la mesa del Ayuntamiento de Madrid. Y, al menos por el momento, su futuro es incierto. Una situación que ha sido aprovechada por el Ministerio de Memoria Democrática, abriendo así un nuevo frente con los «populares», esta vez con Martínez-Almeida, y no con Ayuso, como rival.
El proyecto de esta instalación en el barrio de Montecarmelo, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, pronto causó un rechazo vecinal , con las consecuentes movilizaciones. En opinión de la plataforma de afectados, esta macroinstalación de 10.000 metros cuadrados llenará «de camiones, maquinaria y basura» el barrio, ya que se encontraría a «63 metros de los colegios más cercanos y a unos 140 metros de las viviendas». Desde el Área de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente que preside Borja Carabante mantienen que la instalación es imprescindible y que el lugar escogido es el único viable.
Sin embargo, al enfado de los vecinos se ha unido una controversia de carácter estatal: la posibilidad de que en el punto donde se va a levantar el futuro cantón se encuentren los restos de más de 400 brigadistas internacionales que participaron en la Guerra Civil y que habrían sido enterrados en una fosa común.
Entra el Ministerio
La mecha la encendió el pasado miércoles el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, afirmando que el Gobierno «paralizaría» las obras en caso de encontrar indicios de dichos restos. Unas declaraciones que, desde Cibeles, tacharon de oportunistas y con el único afán de «politizar» la situación.
De hecho, el Ayuntamiento reveló las conversaciones mantenidas con el Ministerio sobre este asunto durante los últimos meses. De acuerdo a la cronología, el pasado 16 de febrero, el Gobierno central aprobó un gasto de 17.400 euros y adjudicó a una empresa un contrato para la realización de los sondeos arqueológicos en los terrenos que son objeto de controversia. El 28 de ese mismo mes, la empresa adjudicataria solicitó al Ayuntamiento de Madrid una ocupación temporal para llevar a cabo su investigación. El 15 de marzo, Cibeles requirió a la empresa que, en un plazo de 10 días, definiera la superficie afectada y presentara la autorización específica «de las actividades de localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas, de acuerdo a lo que establece el artículo 18 de la Ley de Memoria Democrática». Ya en abril, el día 2, la adjudicataria presentó un plano aproximado de la superficie a ocupar, pero «no aportó» la autorización exigida por la Ley. Por último, el 11 de abril, el Ayuntamiento le otorgó un nuevo plazo de 10 días.
Aquella fue la última correspondencia. «Desde entonces, el Ayuntamiento de Madrid no tiene constancia de que se haya presentado dicha autorización», explicaron desde Cibeles. De ahí que el Consistorio haya declarado el «desistimiento de la autorización de ocupación» al «no haberse cumplido por parte de la empresa y del Gobierno los requisitos que establece» la Ley de Memoria Democrática. Así se le comunicó al Ministerio en su última comunicación, el pasado miércoles.
La vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, fue preguntada ayer al respecto durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. Sanz afirmó que, previsiblemente, el Ministerio que preside Torres volverá a solicitar la autorización. «No es que el Ayuntamiento haya denegado el permiso; lo que ocurre es que el Gobierno de España no ha cumplido con los trámites. Lo mínimo que se le puede pedir al Gobierno es que cumpla con su propia Ley de Memoria Democrática». Así, el Ayuntamiento considera que «son ellos los que han renunciado de esa manera tácita a investigar la existencia de esos restos».
De este modo, de confirmarse que el Ministerio vuelve a presentar la documentación requerida, «se podrá llevar adelante» la exploración de los terrenos.
Nuevo estudio
Uno de los factores que serán determinantes se encuentra en un nuevo estudio a través de georradar solicitado por el propio Ayuntamiento. Por el momento, el Consistorio no ha hecho públicos los resultados. Borja Carabante aseguró esta semana que tendrán las conclusiones «una vez los servicios técnicos analicen esos datos. Cuando los tengamos actuaremos con plena transparencia, y, por tanto, lo compartiremos con el Ministerio, con las asociaciones de vecinos, con los grupos políticos y con quien quiera acceder a ese informe», explicó el concejal.
Hasta ahora, el Ayuntamiento, el pasado sado mes de octubre, llevó a cabo unas «catas» en la parcela, «perceptivas» según la normativa regional. En aquel momento, no se detectó ningún indicio que acreditara la existencia de una fosa de brigadistas.
