La ceremonia de la confusión. Pedro Sánchez está dispuesto a optimizar las cartas que operan en su poder, a pesar de su debilidad política y parlamentaria. La palanca de la financiación, una de las más potentes en manos de un Ejecutivo, opera como la herramienta más eficaz para lograr adhesiones, desactivar pulsiones o provocarlas. El gran debate pendiente, desde 2014, sigue acumulando parches y agravios y los territorios miran de reojo cualquier movimiento que genere asimetrías entre unos y otros. En plena negociación para la investidura de Salvador Illa, el Gobierno ha iniciado el cortejo a ERC con el dinero por delante. Lejos de quimeras independentistas, Esquerra quiere hablar de lo concreto y esto pasa por su demanda de una financiación «singular» que culmine en la soberanía fiscal. El Ejecutivo central, que rechazó sus pretensiones en la campaña del 12 de mayo, compra ahora el marco de la «singularidad» y se muestra dispuesto a negociar. Un salto cualitativo. Si «el Gobierno de Cataluña se decide en Cataluña», lo que puede desbloquearlo se negocia al más alto nivel, con Moncloa.
Fuentes gubernamentales sostienen que es compatible establecer una financiación singular con Cataluña con seguir con los cauces y foros multilaterales con el resto de las comunidades autónomas. «Quien tiene más transferencias, tiene que tener más medios», aseguran. El PSOE despliega toda su capacidad de pedagogía para ir allanando el camino al reconocimiento de la singularidad financiera de Cataluña, mientras algunas federaciones socialistas recelan de sus planteamientos. El más vehemente, el presidente de Castilla-La Mancha ya elevó la voz el pasado viernes, mostrando su oposición a cualquier trato que genere desequilibrios. «Solo faltaría que la fiesta independentista la acabemos pagando entre todos», dijo Emiliano García-Page. Pero hay otros líderes territoriales, que distan de englobarse en el sector crítico, que también han mostrado sus discrepancias.
El asturiano, Adrián Barbón, ha advertido de que «cualquier acuerdo de financiación tiene que ser multilateral» y desde Extremadura se sumaron a la advertencia, asegurando que no van a «permitir chantajes» por parte de «ninguna otra comunidad autónoma». Sin trazar una posición común dentro del partido, la dirección del PSOE avanza en un ejercicio coordinado, que recuerda al que ya se visibilizara con la amnistía, secundando la estrategia que ya ha emprendido el Gobierno. En esta línea, se pronunció ayer el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que, en una entrevista en Servimedia, defendió que a España le «interesa» reconocer la «singularidad» de la financiación de Cataluña. «Necesitamos que esa comunidad autónoma esté fuerte», afirmó.
Fuentes socialistas son conscientes de que ERC necesita una pista de aterrizaje para el acuerdo. Armar un relato, vestir políticamente su decisión de apoyar al candidato del PSC, y, para ello, es preciso que los réditos de la negociación les sean computables en exclusiva a los republicanos. Esto es, que no sea Illa quien acabe rentabilizando aumentar la autonomía financiera catalana. En esta línea, el PSOE se aferra a que la propuesta que está encima de la mesa es la misma que figura en su programa electoral, esto es, una «reforma de la financiación suficiente para todas las comunidades autónomas» y en lo que respecta a Cataluña, emplazan a lo rubricado en el acuerdo de investidura de Sánchez con ERC, en el que se limitaba la financiación «singular» –ya aparecía entonces esta denominación– a las transferencias específicas que tiene la región, tales como los Mossos o las competencias penitenciarias.
En este punto, Hacienda introduce más pimienta al debate y prevé recuperar la ronda con las comunidades –que quedó paralizada por la amnistía– para la quita de la deuda. El Gobierno reta así al PP con una ley para condonar la deuda a todas las comunidades. Una fórmula que obligue a estos territorios a avalar también la catalana –de 15.000 millones de euros– y genere fisuras dentro del Partido Popular por las diferentes sensibilidades que existen con esta cuestión. La idea es retomar «pronto» las mesas bilaterales con las autonomías, para calcular cuánto le corresponde a cada una, y luego implementarlo con el máximo rango normativo, lo que exigiría el aval del Parlamento y, por extensión, del resto de socios del Gobierno.
En este sentido, la condonación que busca estabilizar la relación con ERC se haría extensible a otras regiones, por lo que pondría en un brete a los territorios del PP que también quieren ver cancelada su deuda. Así, se evitaría cualquier asimetría territorial que generase no solo conflictos con el resto de aliados parlamentarios, sino también con las propias federaciones socialistas y se lanzaría una carga de profundidad contra Génova. Fuentes socialistas critican que «el problema está en el PP», donde, aseguran «no se sabe quién manda» y «hay dudas de quién marca la línea».
